El Ejecutivo santafesino reglamentó ayer la ley que crea el registro "no llame". La norma, sancionada en la Legislatura provincial en agosto de 2010, permite que los usuarios que no quieran recibir llamados o mensajes publicitarios en su teléfono fijo o celular puedan anotarse en una base de datos que deberán consultar las empresas que hacen telemarketing en la provincia.

El mecanismo se pondrá en marcha dentro de dos o tres meses, no se especificó, en todo el territorio provincial con una línea gratuita 0-800 que deberá ser publicitada ampliamente cuando esté pronta a habilitarse. Mientras se termina de preparar el sistema informático, en las próximas semanas se tomarán los datos de interesados en listas provisorias que se confeccionarán en las oficinas de la Secretaría de Comercio Interior, que en Rosario tiene su sede en Mitre 930, tercer piso, teléfonos 4721519, 4721511.

En la provincia sólo bastará con llamar al teléfono gratuito y dejar los datos de la línea. Así, el abonado se incorporará en el registro que las empresas de promociones telefónicas deberán consultar periódicamente para no llamar con ofertas, promociones y descuentos.

El titular de la Secretaría de Comercio Interior de Santa Fe, Leonardo Gianzone, explicó que las empresas que hacen telemarketing tendrán la obligación de consultar el registro no llame cada 15 días para conocer los nuevos inscriptos y las actualizaciones. Las compañías no conocerán la identidad del titular de la línea, solamente tendrán acceso los números de teléfono.

Podrán anotarse usuarios de teléfonos fijos y celulares que no quieran recibir llamadas o mensajes de texto de promociones. Sin embargo, los abonados no se salvarán de las promociones de su propio banco o su compañía de telefonía. "Están exentas del registro «no llame» aquellas empresas que tenga un vínculo contractual previo para hacer promoción", explicó Gianzone.

Los abonados que estén anotados en el registro y sin embargo reciban algún llamado, podrán hacer la denuncia en las oficinas de Comercio Interior, que se encargará de verificar los datos de esa comunicación y luego evaluará si se aplican las sanciones previstas en la ley nacional de defensa del consumidor y las multas previstas por incumplimientos.