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El gobierno negó irregularidades en el convenio entre YPF y Chevron

Capitanich y Parrilli defendieron el contrato con la petrolera de EEUU y refutaron que exista una imputación contra Cristina.

Jueves 15 de Mayo de 2014

El gobierno salió ayer a negar que hayan existido irregularidades en el acuerdo entre YPF y Chevron, al tiempo que rechazó también que exista una imputación judicial directa contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En las voces del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y del secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, la administración kirchnerista defendió con énfasis el entendimiento alcanzado por las petroleras de Argentina y Estados Unidos.

Parrilli señaló ayer que "no hay ninguna acusación ni imputación" contra la presidenta, y sostuvo que "la denuncia es por la firma del decreto que reglamenta el régimen de las inversiones hidrocarburíferas en las áreas no convencionales"

"El fiscal (Eduardo) Taiano la desestimó porque dijo que no había colisión entre el decreto y la ley. La jueza (María Servini de Cubría) entendió que no era así", explicó Parrilli.

En este sentido, señaló que ahora la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal, que coincidió con Servini de Cubría, pide que "investiguen si ese decreto está en colisión con la ley de hidrocarburos", lo que no supone que "investigan a la presidenta".

Parrilli sostuvo que "no hay ninguna acusación o imputación" contra la mandataria y rechazó también que la causa judicial tenga algo que ver con el acuerdo entre Chevron e YPF.

Dudas. "La presidenta firmó un decreto, no firmó ningún acuerdo con Chevron. Quieren sembrar dudas y suspicacias para ensuciar a la presidenta. No hay ninguna acusación ni nada", sostuvo Parrilli, y agregó que "la Cámara simplemente dice que no se desestime la denuncia sin analizar el decreto".

Por su parte, Capitanich aseguró que hay "agentes internos y externos" que impulsan acciones judiciales para "afectar el interés de la Argentina", al tiempo que sostuvo que "pueden investigar todo lo que quieran" sobre el acuerdo entre YPF y Chevron.

"No me extrañan este tipo de acciones tendientes a generar condiciones que dificulten el acceso a financiamiento para lograr autoabastecimiento energético", enfatizó Capitanich en su habitual conferencia de prensa.

El martes, la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal anuló el dictamen de la fiscalía por el cual se había desestimado la denuncia contra la presidenta y ordenó que se siga investigando una denuncia contra el acuerdo YPF-Chevron.

Daño ambiental.La denuncia la presentaron los diputados porteños Alejandro Bodart y Enrique Viale, de Nueva Izquierda, contra el decreto 929/2013, firmado por la presidenta, a quien le atribuyen la comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y daño ambiental en grado de tentativa.

El fiscal Taiano había considerado que no había delito al entender que no hubo "irregularidad o inobservancia legal", por lo que hace "descartar la tipicidad de las conductas denunciadas".

Pero la Cámara Federal consideró que "existe una hipótesis penal susceptible de ser investigada, con independencia de cuál sea su resultado", y coincidió con el criterio que había adoptado la jueza federal María Servini de Cubría.

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