El gobierno nacional busca frenar despidos

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, recibió ayer a la comisión interna de trabajadores de la gráfica Donnelley y garantizó el "compromiso" del gobierno de preservar los 400 puestos de trabajo, tras el pedido de quiebra ante la Justicia, que designó un síndico para administrar la firma.

El encuentro se desarrolló en la sede de la cartera laboral y también participó el titular de Trabajo bonaerense, Oscar Cuartango, y directivos de la Federación Gráfica Bonaerense, para avanzar en posibles soluciones al conflicto.

Tomada criticó el "accionar intempestivo y artero de la empresa gráfica", y transmitió las directivas del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, para ponerse a entera disposición para realizar las gestiones que sean necesarias con el fin de defender la continuidad laboral de los trabajadores.

Durante la reunión se repasó el estado del expediente de la quiebra. Los trabajadores señalaron que estaban en conocimiento de la reciente designación de un síndico que seguirá la situación de la empresa Donnelley.

Además, se analizó en conjunto diferentes alternativas para lograr la subsistencia de la fábrica y los puestos de trabajo.

También fue motivo de especial preocupación el próximo cobro de haberes de los trabajadores, que debería realizarse dentro de 15 días, para lo cual mantendrán un encuentro con el síndico y el juez de la causa.

"El Estado interviene para garantizar la preservación de las fuentes de trabajo y generar las condiciones a través de diferentes vías o cursos de acción", afirmó ayer temprano el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, al referirse la situación laboral.

El funcionario consideró "llamativa" la quiebra solicitada por Donnelley, porque sus balances eran consistentes. Pero no hizo mención al reciente encuentro que mantuvo con autoridades de la autopartista Lear, a instancias de un pedido "urgente" propiciado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina.

En este caso, se alineró con la automotriz, en contra de los delegados de los trabajadores que piden revertir los 200 despidos en la planta. Para Capitanich, la autopartista se enfrenta a "la imposibilidad de producir en condiciones pacíficas, lo que implica que debe importar los productos de otros países".

Por su parte, el ministro bonaerense de la Producción, Cristian Breitenstein, rechazó que exista una "situación generalizada" de despidos y suspensiones en fábricas y comercios ubicados en la provincia, y afirmó que sólo "hay casos aislados", mientras responsabilizó por los conflictos a los "militantes de izquierda".

Breitenstein dijo que la crisis laboral en la autopartista Lear es "la madre de todas las batallas" y cuestionó el accionar de los trabajadores, a quienes calificó como "militantes de izquierda" que emplean metodologías que "no sólo obstruyen a la propia empresa, sino también las vías de circulación de toda la sociedad".

El diputado nacional Héctor Recalde (Frente para la Victoria) aseguró que "no hay magnitud de despidos", al sostener que "la realidad es que el empleo subió un 0,5 por ciento".

Dictamen para el proyecto de moratoria previsional

El proyecto de ley de moratoria previsional enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo obtuvo ayer dictamen de mayoría en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados y será debatido en la próxima sesión convocada para el 27 de agosto.

La propuesta oficial, que establece un régimen de regularización de deudas previsionales para trabajadores autónomos y monotributistas que estén en condiciones de acceder a una prestación previsional, fue defendida por el director ejecutivo de la Administración Nacional de Seguridad Social (Ansés), Diego Bossio, quien aseguró que la iniciativa beneficiará a unas 473 mil personas.

El dictamen del proyecto contó con la adhesión de los diputados del kirchnerismo y sus aliados, el GEN, el Partido Socialista y Frente Renovador. El titular de la Ansés defendió la propuesta oficial.