El gobierno entrerriano dejó sin efecto los arrendamientos de islas

Victoria.— El gobierno entrerriano no renovó los contratos de arrendamiento de islas fiscales firmados en 2007, los cuales vencían este año, y dio facultades a la Policía para recuperarlas. El decreto respectivo que firmó el gobernador Sergio Urribarri se apoya en dos argumentos: el alquiler se otorgó a privados domiciliados fuera de Entre Ríos —en su mayoría bonaerenses y santafesinos—, y muchos no cumplían con el canon pautado. Así, el Estado provincial recuperará 117 mil hectáreas de las 200 mil que posee en la zona del Delta, hoy ocupadas por particulares.

Los acuerdos se realizaron en el marco de la ley 9603, por la cual las islas se concesionarían sólo para la ganadería, apicultura y el turismo. La mayoría de las tierras alquiladas se destinaron al engorde de hacienda y pertenecían a Victoria, Gualeguay y Diamante. El canon se fijó en 17,50 pesos por hectárea al año, que se actualizaría según el precio del kilo vivo de novillo, fijado por el mercado de Liniers.

El decreto 1186 anula los convenios por considerar que los lotes fiscales "no podían ser objeto de contratos de arrendamientos". Además, "muchos de los inmuebles en cuestión estuvieron usurpados por particulares sin derecho alguno lo cual, obviamente, implica una situación que el Estado debe hacer cesar". A ello se suman "hechos ilegales, como fueron los incendios provocados por particulares que, inclusive, motivaron acciones judiciales contra la provincia", expresa el decreto, en alusión a denuncias radicadas por la Municipalidad de Rosario a raíz de los trastornos que generaba en la población la quema de pastizales.

Apropiación. Por otra parte, el gobierno entrerriano inició el año pasado una cruzada judicial para regularizar más de 100 mil hectáreas de islas fiscales, que eran detentadas por particulares a través de un modus operandi: un agrimensor elaboraba un plano de mensura que se inscribía en Catastro, y esto era suficiente para que Rentas empezara a emitir las boletas del Impuesto Inmobiliario.

A raíz de estos incidentes, el Ejecutivo provincial decidió "dejar sin efecto todo trámite cuyo objeto sea visación y/o aprobación de plano de mensura de inmuebles del dominio público" y además dispuso que la Dirección General de Rentas (DGR) "no perciba más impuestos y disponga la baja de las partidas de inmuebles que pertenezcan al dominio público del Estado Provincial".

Finalmente, instruyó a la Policía entrerriana "para que ejerza todos y cada uno de los actos que sean necesarios para la defensa del derecho de propiedad y la efectiva posesión por parte del Estado de los terrenos" apropiados por los privados.

El Estado no renovó los contratos a privados, por lo que recuperará 117 mil hectáreas fiscales

Lizi Domínguez

La Capital