El gobierno nacional y la Procuraduría contra el lavado de dinero (Procelac) denunciaron ante la Justicia una maniobra del grupo español Marsans por la cual vendió el juicio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi) al fondo buitre Burford Capital.

Burford, que tiene una cartera valuada en aproximadamente unos 500 millones de dólares por la compra de procesos judiciales, es conocido por dedicarse a la industria del litigio corporativo por el que adquiere la representatividad y derechos de juicios ya iniciados.

Este fondo de capitales especulativos se había hecho famoso en la Argentina por comprarle al grupo Petersen otro trámite en el Ciadi, el de la expropiación de las acciones de la petrolera YPF.

Por ello, el Estado argentino presentó ayer una denuncia por un presunto fraude cometido en su contra por el español Grupo Marsans, que administró las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral entre los años 2002 y 2008. El ex titular de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, purga condena a seis años de cárcel en España, por una sentencia de la Audiencia Nacional que lo encontró culpable de delitos de fraude cometido con la ayuda de 600 millones de euros que recibió del Estado español para reflotar Aerolíneas y Austral.

La denuncia fue presentada por el fiscal a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, y la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona.

Quien en los hechos es la abogada del gobierno nacional, recordó que en 2008 la presidente Cristina Fernández de Kirchner decidió la expropiación y la declaración de la aeronavegación como servicio público.

"No obstante, Marsans fue al Ciadi a reclamar por el daño injusto y tiene una reclamo por más de 1.400 millones de dólares", dijo Abbona durante una presentación a la prensa.

En realidad, Marsans es un grupo deudor de la Argentina porque al haber dejado en una situación tan ruinosa a Aerolíneas Argentinas, el gobierno tuvo que hacer inversiones obligado", agregó.

La funcionaria reveló que tras el planteo de los españoles en el Ciadi, la Procuración tomó conocimiento de un contrato entre Marsans, un estudio jurídico local y el fondo buitre Burford Capital.

"Ellos patrocinan el trámite en el Ciadi, que implica luego pagar el patrocinio, y el grupo Marsans le pide una cuenta (a Burford) a dónde depositar los fondos, luego que pierda el laudo la Argentina", explicó Abbona.

Gonella señaló que tras la estatización, Marsans "accionó contra el Estado por unos 1.600 millones de dólares (por capital e intereses) y transfirió el derecho litigioso al fondo buitre y a estudios jurídicos argentinos que asesoran en contra los intereses de Argentina".

Según Gonella, esas tres partes denunciadas por presunto fraude "no sólo se burlan del Ciadi" sino de los argentinos, por lo que se debe poner en conocimiento a la Justicia para "resguardar los intereses del país".

El fiscal antilavado informó que Bulford es el mismo fondo que está patrocinando al grupo Petersen en el Ciadi por YPF en los tribunales de Nueva York, donde reclaman por la expropiación de la petrolera YPF.

"La Argentina no le debe al Grupo Marsans sino que tiene fondos para reclamar por un monto cercano a los 1.000 millones de dólares", dijo Gonella en conferencia de prensa tras señalar que Marsans le reclama al país unos 1.600 millones de dólares.

La Argentina empezó en marzo de 2014 su defensa de la estatización de la compañía aérea ante una fuerte ofensiva de Marsans que intenta demostrar que el gobierno le debe millones de dólares por haberse quedado con la firma en julio de 2008.

Gonella precisó ahora en el Auditorio de la Procuración General de la Nación que en la denuncia por posible fraude se acusa a Marsans, al fondo buitre Bulfort y a sus abogados patrocinadores de violar los artículos 172 y 174 del Código Penal.

Presupuesto

El ministro de Economía, Axel Kicillof, aseguró que el proyecto de ley de presupuesto para 2016, que será presentado hoy en el Congreso, “no le va a fijar la política tarifaria al próximo gobierno”, y defendió la política de subsidios actual. “Si les parece que hay que hacer otra cosa en materia de subsidios o de tarifas será su decisión política”, dijo.