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El gobierno demandará a empresas que exploten petróleo en Malvinas

El gobierno argentino iniciará una ofensiva judicial "dentro y fuera del país" contra empresas que realizan tareas petrolíferas en la zona de Malvinas y firmas y bancos que les brindan "apoyo...

Viernes 16 de Marzo de 2012

El gobierno argentino iniciará una ofensiva judicial "dentro y fuera del país" contra empresas que realizan tareas petrolíferas en la zona de Malvinas y firmas y bancos que les brindan "apoyo logístico", "servicios financieros", "inversionistas", "asesoría y consultoría en general".

Tras el enuncio, el gobierno británico hizo saber que "la exploración de hidrocarburos es un emprendimiento comercial legítimo" y respaldó el derecho de los kelpers (ver aparte).

A través de una conferencia de prensa, el canciller Héctor Timerman anunció que "la presidenta Cristina Fernández instruyó iniciar un plan de acciones legales del Estado nacional en el país y en el exterior contra actividades de exploración y explotación ilícitas de hidrocarburos en el Atlántico Sur", que incluirá "denuncias penales, civiles y administrativas" contras empresas que operan en tres niveles en la explotación y exploración petrolera.

Las medidas alcanzarán a firmas que son "propietarias de pozos y plataformas petroleras", que "brindan servicios de apoyo logístico" y otras que "aportan apoyo financiero, inversionistas y asesoramiento sobre inversiones", lo que incluirá denuncias penales y comerciales contra "bancos, accionistas, analistas y consultoras de riesgo" que operan en el país y en el exterior.

Según Timerman, la ofensiva comprenderá a empresas "que poseen ilegítimas licencias" otorgadas por Gran Bretaña "para buscar petróleo" y "que operan en las bolsas de valores de Londres y Estados Unidos".

Al describir el nuevo plan, detalló que el gobierno presentará "en lo inmediato" denuncias "penales y administrativas" ante "juzgados federales" del país y "organismos del Estado argentino, entes reguladores y organismos internacionales".

"Esta estrategia judicial no se limitará a acciones desarrolladas en Argentina, también se proyectará al exterior a través de mecanismos de cooperación judicial internacional", señaló después de precisar que se "implementarán medidas cautelares o de ejecución ordenadas por autoridades judiciales argentinas".

Al explicar los argumentos legales, Timerman señaló que "se trata de la defensa de la soberanía territorial y de los recursos naturales que son propiedad del pueblo argentino y que el gobierno tiene la obligación de defender".

En ese marco, señaló que la explotación y exploración de hidrocarburos en Malvinas "son ilegales porque violan dos principios legales": "la ley argentina de Hidrocarburos" y "las resoluciones de la ONU que obligan a Argentina y Gran Bretaña a no adoptar ninguna medida unilateral sobre la zona mientras no se resuelva la controversia por la soberanía".

Anunció luego que "se remitirán notas de advertencia y asunción de riesgo a aquellas empresas y empresarios que podrían estar interesados en las ilegítimas actividades" y "a aquellas que brindan servicios financieros, legales y asesoría y consultoría en general".

Aseguró que "se remitirán notas a los accionistas institucionales de las empresas petroleras involucradas", como también "notas de aviso a entes reguladores bursátiles donde operen las empresas involucradas" para que "exijan a las compañías que brinden al mercado información acerca de la controversia de soberanía sobre Malvinas.

Nómina de las firmas que serán denunciadas

El plan de acciones legales del Estado nacional para denunciar las actividades de exploración y explotación “ilícitas” de hidrocarburos en el Atlántico Sur incluye a casi un centenar de empresa, establecidas en tres niveles, según un detalle que proyectó Héctor Timerman: petroleras, las que brindan apoyo logístico y compañías especializadas en servicios financieros o de asesoría.
  En el primer rubro, el de las empresas que realizan “ilegítimas actividades de exploración hidrocarburíferas” en la plataforma continental argentina en proximidades de Malvinas, el gobierno incluyó a Rockhopper Exploration, Desiree Petroleum, Falkland Oil & Gas, Borders & Southerland y Argos.
  En la parte de plataformas de perforación y materiales de apoyatura (repuestos), las empresas que fueron mencionadas fueron Diamond (propietaria de la plataforma Ocean Guardian) y Dry Ships y Ocean Rig (dueños de la plataforma Leiv Eirikson) y 11 buques proveedores con sus respectivos dueños.
  En el nivel de apoyatura por servicios financieros se identificaron a bancos (The Royal Bank of Scotland, Credit Suisse, Morgan Stanley, Barclays y Lloyds, entre otros); brokers (Merrill Lynch, Seymour Pierce, Oriel, Ocean Equities, Mirabaud, etcétera), y analistas (Merrill Lynch, Goldman Sachs, Jefferies, Edison Investment, Credit Suisse, etcétera).
  En cuanto a servicios logísticos y de asesoría, la Cancillería presentó un complejo cuadro de relaciones entre empresas donde, entre otros, se destacan como participantes algunas empresas con presencia en la Argentina, como HSBC, Societe Generale, JP Morgan, UBS, Fidelity, etcétera.
  Al cuadro se le suman siete empresas consideradas “interesadas en las ilegítimas actividades de exploración hidrocarburífera” en la plataforma continental argentina en cercanías de Malvinas: “British Petroleum, Amerada Hess, Anadarka, Cairn, Premier Oil, Murphy Oil y Noble Energy.

Respuesta de Gran Bretaña

El gobierno británico advirtió ayer que la exploración de hidrocarburos en torno a Malvinas “es un emprendimiento comercial legítimo”. La reacción de la administración de David Cameron no se hizo esperar tras el anuncio del canciller Héctor Timerman. “La exploración de hidrocarburos es un emprendimiento comercial legítimo y el gobierno británico apoya el derecho de los habitantes de las islas Falkland (Malvinas) a desarrollar su sector de hidrocarburos”, afirmaron fuentes del gobierno británico, según publicaron portales internacionales y locales. El mismo portavoz aclaró que “este derecho es una parte integral del principio de autodeterminación, que está expresamente contenido en la convención internacional de derechos civiles y políticos”.

Proyecto local

El senador provincial por el departamento San Javier José Baucero (PJ), presentó una iniciativa en la Cámara alta para que se les recomiende a los negocios que no exhiban ni vendan indumentaria o accesorios que lleven imágenes de Gran Bretaña. El proyecto será tratado la semana que viene.

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