El gobierno nacional rechazó el reclamo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, sobre seguridad, advirtió que "con discursos elegantes" no se combate el delito y denunció que "no existe eficiencia en la gestión" del sector judicial.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, salió al cruce de Lorenzetti por reclamar "políticas concretas y coordinadas" del Estado contra la inseguridad, y criticó a los jueces porque "no pagan el impuesto a las ganancias" y "gozan del privilegio de no publicar sus declaraciones juradas" de bienes.
El subsecretario de Políticas de Seguridad, Darío Ruiz, también rechazó el reclamo del Poder Judicial al afirmar que el delito no se revierte con "discursos elegantes sino poniéndose a trabajar, y en esto la Justicia cumple un rol fundamental".
"¿Por qué con el mayor presupuesto para la Justicia en los últimos 30 años no existe un correlato de eficiencia y calidad de gestión?", cuestionó Capitanich sobre los planteos que realizó anteayer el presidente de la Corte.
Presupuesto alto. El funcionario nacional advirtió que en el discurso que Lorenzetti ofreció en un congreso de jueces que se realizó en Mar del Plata "ha omitido" que "el Poder Judicial hoy tiene el mayor presupuesto desde el 10 de diciembre de 1983 a la fecha, y uno de los más altos en términos objetivos y efectivos" históricos.
A su turno, Ruiz destacó el trabajo de la cartera que integra y señaló que "las bandas más importantes han sido desbaratadas en el último tiempo" como consecuencia de "procedimientos en todos los rincones del país". Sobre la acción de la Justicia en relación a las demoras procesales, el subsecretario de Seguridad señaló que si bien "no tenemos que hacer nosotros el análisis, las estadísticas señalan que los delitos menores de hurto y robo no tienen condena".
"El doctor Lorenzetti tendría que llevar a los organismos correspondientes todas las discusiones que tienen que ver con una reforma de la Justicia", sugirió Ruiz.
En cuanto al debate sobre la despenalización del consumo de marihuana para uso personal, el funcionario se pronunció por "un debate profundo en el Parlamento" y por "ver experiencias en otras latitudes, como en Uruguay, para observar cómo funciona y si la despenalización puede ser un eslabón para solucionar el problema" del narcotráfico.
El jefe de ministros agregó que "sería bueno que en la próxima oportunidad que tenga" Lorenzetti explique "por qué después de 30 años de democracia los jueces no pagan Ganancias" y "por qué los miembros del Poder Judicial gozan del privilegio de no garantizar la transparencia en la publicación de sus declaraciones juradas".
Ruiz, en tanto, denunció que "la mayoría de los delitos menores de hurto y de robo no tienen una condena", por lo que —aseguró— "Lorenzetti tendrá que repensar, discutir o llevar dentro de los organismos correspondientes todas las discusiones que tienen que ver con la reforma de la Justicia".
"Tiene que irse".Por su parte, el diputado radical Miguel Bazze rechazó los comentarios de Capitanich contra Lorenzetti y sostuvo que el jefe de ministros "tiene que irse" del cargo si no está en condiciones de enfrentar la inseguridad y el narcotráfico.
"Si Capitanich no está en condiciones de asumir el problema del narcotráfico y la inseguridad, tiene que irse", advirtió Bazze.
El presidente de la Corte, en el discurso que pronunció anteayer al abrir la Conferencia Nacional de Jueces, en Mar del Plata, aseveró: "No hay nadie que no hable de la inseguridad, todos los ciudadanos están preocupados".
"Si uno escucha las conversaciones comunes de la gente, no hay nadie que no hable de eso", puntualizó el rafaelino, quien añadió con cierta ironía que, aunque pueda ser "interesante" y "atractiva" "la discusión entre el garantismo y aquellos que se oponen y prefieren la mano dura", "la vida real pasa por otro lado".
En otro gran capítulo que abordó Lorenzetti —justo en días en que se reabre la discusión sobre la ley de estupefacientes— incluyó a la drogadicción y el narcotráfico. Primero intentó despegar a la Corte Suprema de Justicia de la idea de despenalización, y dijo que "el fallo Arriola" (que declaró inconstitucional el consumo de drogas cuando no afecte a otros) sólo se refirió puntualmente al "derecho de actuar libremente si no perjudica a terceros".