El gobernador Antonio Bonfatti y los integrantes del gabinete provincial expresaron su "rechazo y más absoluto repudio" a las amenazas recibidas por el ministro de Seguridad Raúl Lamberto, el secretario de Seguridad Pública, Matías Drivet, y el jefe y subjefe de la Policía de la provincia, Omar Odriozola y Raúl Ardiles. Asimismo, manifestaron su "solidaridad y acompañamiento" a los funcionarios amenazados.

Tal como publicara este diario el viernes pasado, un mensaje de contenido claramente amenazante fue recibido en el teléfono celular utilizado por Drivet, quien denunció en el juzgado de Instrucción Nº 13, a cargo de Gustavo Pérez de Urrechu. "Se metieron con nuestra familia y nuestra gente, ya agarramos a un gil en la casa y sepan que así de fácil nos vamos a cobrar una por una, sabemos donde se mueven todos, usted y su familia", decía el texto que el secretario de Seguridad denunció haber recibido dos veces, a las 12.16 y 12.17 del jueves de la semana pasada.

Ayer, en el marco de las habituales reuniones de gabinete de los días lunes en la ciudad Santa Fe, el gobernador Bonfatti ratificó "el rumbo de las políticas de seguridad implementadas y el firme propósito de combatir el delito por más que algunos intenten detener este proceso con amenazas e intimidaciones".

"Estos intentos de intimidación no hacen más que confirmar que las acciones que venimos llevando adelante están afectando los intereses de quienes están involucrados en hechos delictivos que atentan contra la paz social", sostuvo el mandatario santafesino, y agregó: "No nos vamos a apartar del camino que emprendimos y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que las investigaciones lleguen hasta el final. Es lo que la sociedad nos reclama y asumimos ese compromiso", sostuvo Bonfatti.

Trabajo. En la reunión también se destacó "el trabajo articulado de los ministerios que integran el Gabinete Social para atender la situación de los sectores más vulnerables en los principales centro urbanos". A la vez, se señaló "la importancia de la concurrencia de otros actores, como los poderes Legislativo y Judicial, el gobierno nacional y los gobiernos locales, para profundizar el combate contra grupos vinculados al narcotráfico y el delito organizado".