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El giro ortodoxo se profundiza

Mientras la mayoría de los precandidatos presidenciales venden en el exterior un futuro de equilibrio macroeconómico, previsibilidad, consistencia institucional y seguridad jurídica, el gobierno pegó un volantazo en esa dirección para intentar una salida de manual.

Martes 01 de Abril de 2014

Mientras la mayoría de los precandidatos presidenciales venden en el exterior un futuro de equilibrio macroeconómico, previsibilidad, consistencia institucional y seguridad jurídica, el gobierno pegó un volantazo en esa dirección para intentar una salida de manual a los severos problemas de la economía.

Después de haber defendido durante años políticas expansivas que barrieron con los superávits gemelos -fiscal y comercial- y alentaron la inflación, el gobierno giró hacia la ortodoxia, un camino no exento de costos políticos, pero necesario.

Lo llamativo es que el viraje haya sido abordado por un neokeynesiano -considerado marxista- como Axel Kicillof, aunque da la impresión de que no había muchas alternativas.

Con cuadros enmarañados y eufemismos, Kicillof y su par de Planificación, Julio de Vido, anunciaron una "reasignación" de tarifas de agua y gas, que acarreará fuertes subas de esos servicios para usuarios residenciales y comercios.

El mismo jueves, y con similar serpentina discursiva, Kicillof dio a conocer que el crecimiento del PBI durante 2013 fue sólo de 3 por ciento, con una sensible merma respecto a las estimaciones anteriores del orden del 5 por ciento.

Ante el descrédito de las estadísticas oficiales, los cambios fueron atribuidos a un cambio en la metodología de medición.

La mayoría de los analistas -incluidos economistas de la oposición- aprobó ambos anuncios. Permitirán reducir en parte el déficit fiscal y ahorrar unos 2.800 millones de dólares que iban a ser destinados al pago de bonos atados al crecimiento del PBI.

Se sumaron al sinceramiento de la inflación con el nuevo IPC-NU; la devaluación de más del 30 por ciento y la suba de tasas para apaciguar el mercado cambiario; los acuerdos con empresas extranjeras en el Ciadi; el armisticio con Repsol y la búsqueda de un entendimiento con el Club de Paris.

Esas tratativas con el grupo de naciones acreedores está encaminada, en la fase de oferta y contraoferta, pese a que formalmente el inicio de las conversaciones será el 28 de mayo.

Los negociadores argentinos ven mayor disposición a cerrar el acuerdo a su contraparte que en etapas previas.

El Ejecutivo pretende reducir un déficit fiscal que era avivado por los subsidios y financiado con emisión monetaria del Banco Central, con el consiguiente impacto en la inflación. Es probable que en el corto plazo se sumen aumentos a las tarifas de la energía eléctrica.

El ajuste pone presión a las paritarias. Sin embargo, en las últimas horas hubo dos negociaciones muy complejas que se encarrilaron: la de los docentes bonaerenses y la de la UOM, el gremio que conduce el titular de la CGT Balcarce, Antonio Caló.

El punto es cuánto influirán en las negociaciones de otros sectores y si esos mismos acuerdos no servirán de combustible para la inflación. El gobierno opera con sigilo para que las subas anunciadas no superen el 30 por ciento.

También con la intención de reducir la impresión de dinero, el gobierno argentino emitió el jueves pasado deuda en los mercados por primera vez en seis años. En el Ministerio de Economía celebraron haber recogido 5.500 millones de pesos. El esquema de colocaciones se repetirá hasta cubrir los 10.000 millones.

Funcionarios de carrera del Palacio de Hacienda ven ahora el funcionamiento de un equipo económico integrado por Kicillof, los secretarios Emmanuel Alvarez Agis (Política Económica), Pablo López (Finanzas), Augusto Costa, (Comercio); y la embajadora en Estados Unidos, Cecilia Nahón.

El presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, no proviene de ese grupo ni tiene la mejor de las relaciones con Kicillof, pero en la larga historia de desencuentros entre los ministros de Economía y los titulares de la autoridad monetaria de Argentina, este vínculo es de los más correctos.

"¿Aterriza o choca?", fue una de las preguntas más repetidas en los últimos meses sobre el rumbo que tomaría Cristina Kirchner frente a la tormenta económica y de cara al final de su mandato. Muchos especialistas aseguran que no le quedaba margen para tomar otro camino que el aterrizaje. Las encuestas muestran que su imagen se deterioró drásticamente.

Lo cierto es que asumió en los hechos -no en el discurso- el ajuste que antes había evitado y que podría haber quedado como herencia para el próximo administrador. Si finalmente el plan prospera su sucesor tendrá mayor margen de maniobra. En los últimos días Daniel Scioli, Mauricio Macri, Juan Manuel Urtubey y Sergio Massa, todos ellos candidatos presidenciales, disertaron en Estados Unidos. Hablaron mejor o peor del gobierno, según el caso, pero coincidieron en mostrarse amigables con el mundo financiero internacional y celebraron el giro ortodoxo.

Ahora bien, ese rumbo todavía a mitad de camino de la transparencia económica debería tener su correlato en el ámbito político. Esta misma semana la Corte Suprema de Justicia reclamó al Ejecutivo que promueva la sanción de una ley de acceso a la información pública ante un planteo de la organización Cippec para que se le suministre información sobre los planes sociales.

Esa es una de las grandes deudas del kirchnerismo. Desde 2001, dos proyectos con buena inercia parlamentaria fueron frenados por la bancada oficialista.

El control político es una virtud del oficialismo para garantizarse gobernabilidad en tiempos difíciles, pero en este caso opera como un obstáculo para que rija un esquema de transparencia acorde con el Primer Mundo.

Está comprobado que a mayor opacidad, mayor corrupción.

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