Edgardo Gato Andrada se presentó ayer ante el Juzgado federal de San Nicolás, que lo había citado indagatoria como imputado por el secuestro y asesinato de dos militantes peronistas en 1983, pero se abstuvo de declarar y se retiró en silencio. Ahora, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo tiene diez días hábiles para resolver su situación procesal que, para el fiscal de la causa Juan Patricio Murray, debería ser el dictado del auto de procesamiento y la prisión preventiva, tal como lo solicitó.

El ex arquero de Rosario Central compareció ayer en el Juzgado federal nicoleño donde "se lo notificó de los cargos, que en su condición de agente de inteligencia del Ejercito, prestando funciones en el Destacamento 121, participó en una operación especial contra Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi que culminó con la privación ilegal de la libertad mediando armas y coacción, tormentos con la finalidad de obtener informaciones por su condición de opositores a la dictadura civico-militar, y su posterior traslado a Buenos Aires para ser ultimados por armas de fuego, encontrándose amordazados y maniatados", explicó el fiscal Murray.

En la causa también están citados a indagatoria como imputados el ex dictador Reynaldo Bignone y el ex policía Luis Patti, entre otros.

El futuro de Andrada está en manos del juez que tiene diez días hábiles para decidir si dicta su procesamiento, su sobreseimiento si considerara que está exento de responsabilidad en el hecho, o bien un dictado de falta de mérito que posibilitaría la continuidad de la investigación para tratar de aportar nuevos elementos de prueba.

Para el fiscal, de estas tres opciones cabría una sola: "En un país serio, si el imputado ante los cargos por los cuales es convocado no efectúa ninguna manifestación, ni se defiende, ni trae pruebas, lo lógico sería que transcurridos los diez días se lo procese". Remarcó que "si una persona es citada a prestar declaración, se abstiene y no ofrece ningún elemento que desvirtúe la carga de prueba ofrecida por la Fiscalía, la única posibilidad que existe es el dictado del auto de procesamiento y prisión preventiva, en caso de que estuviese encarcelada".

Andrada se presentó ante el juez junto al defensor oficial Héctor Galarza, se abstuvo de declarar, a la salida mantuvo el silencio ante la requisitoria periodística y se subió a un auto particular de regreso a Rosario.

Sobre la situación de libertad de Andrada, el fiscal señaló que "peticionamos en su momento su detención e indagatoria, y posteriormente se le concedió la eximición de prisión, pero como consideramos que la situación procesal de él ha variado, al tiempo que el juez federal ahora sí ha dispuesto convocarlo como imputado en la causa por considerar que existen sospechas suficientes, tanto de la existencia del hecho como de su participación en el mismo, esa variación de las condiciones que existían al momento de solicitar su exención de prisión estimamos que son suficientes como para que el juez la revoque y ordene su detención, que obviamente si hubiera un dictado de procesamiento posterior se convertiría en prisión preventiva".

Las razones del operativo. La Mesa de la Memoria por la Justicia de San Nicolás celebró la citación a indagatoria de los imputados por el asesinato de Cambiaso y Pereyra Rossi, pero criticó que el juez Villafuerte Ruzo haya tomado esta medida "transcurridos más de seis años y medio de instrucción de la causa".

El organismo nicoleño señaló que "en 1983, tras la derrota en Malvinas el año anterior, la dictadura se batía en retirada y en ese proceso intentó una autoamnistía para cubrirse por los delitos de lesa humanidad cometidos". Agregó que "por otra parte inició un plan represivo asesinando a importantes dirigentes de la resistencia popular como Raúl Yager en Córdoba el 30 de abril de 1983 y el 14 de mayo en Rosario secuestran a Pereyra Rossi y a Cambiaso".

Plantearon que "la operación diagramada por los servicios de inteligencia del Ejército apuntó a crear en la población la idea de lo que se denominó «rebrote subversivo», y así preparar un terreno que finalizaría con el dictado de la ley de autoamnistía".

Finalmente citaron a Chuli Rodríguez

El juez Carlos Villafuerte Ruzo ordenó la citación a indagatoria para el 18 de noviembre del ex coronel Víctor Hugo Chuli Rodríguez como imputado por el secuestro y muerte de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi.
  El fiscal Juan Murray consideró “inexplicable” que Rodríguez, ex integrante del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, haya sido citado en una resolución del juez varios días posterior a una similar por la cual llamaba a indagatoria al resto de los acusados, “pese a que la carga probatoria era exactamente la misma que para el resto”. Explicó que “al momento de resolver la situación del resto de los imputados, por un auto de fecha 31 de octubre pasado, el juez federal omitió expedirse sobre Rodríguez, y casualmente al día siguiente el ex militar hace un pedido de eximición de prisión, para de inmediato el juez fijar fecha para recibirle declaración indagatoria el 18 de noviembre”.
  La Fiscalía apeló esta eximición de prisión ante la Cámara Federal, y recordó que “en un caso similar, quien fuera al momento de los hechos el segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121, a cargo de Pascual Guerrieri, el entonces teniente coronel Luis Muñoz, a quien el juez también le concedió la eximición de prisión, apelamos y la Cámara la revocó, pero como hay un recurso de Casación pendiente todavía no se ha efectivizado la detención de Muñoz”, quien irá a indagatoria también en libertad.

Díaz Bessone: Vergara pidió la absolución

Ayer se realizó una nueva audiencia del juicio oral por la causa Díaz Bessone, en la cual el defensor oficial del ex policía Ramón Vergara solicitó en su alegato la absolución del sindicado represor del Servicio de Informaciones de la ex Jefatura de policía de Rosario.
  El letrado admitió “la existencia del plan sistemático de represión ilegal”, pero dijo que “el ejercicio de poder punitivo debe ejercerse siempre en función del principio de culpabilidad, atendiendo el hecho y la responsabilidad de cada uno de los imputados”.
  En este sentido, postuló que “no quedó probada la participación de Vergara en los hechos”, pero que si “el Tribunal entienda que tuvo participación en algún caso concreto, se considere que fue un partícipe no necesario atento que sólo realizó aportes banales dado su escaso rango (cabo de policía)”, por lo que el abogado solicitó “su absolución”.
  También abonó la teoría de la obediencia debida, al señalar que “si un agente actuó en cumplimiento de una orden que erróneamente creyó lícita, esto debe ser considerado”, ya que “a mis asistidos se los adoctrinó, convenciéndolos de que actuaban en el marco de una guerra contra el fantasma del marxismo internacional”, dijo.

Críticas de la querella. La abogada querellante Gabriela Durruty criticó los argumentos del defensor de Mario Marcote, Germán Artola. “El cuestionamiento de las declaraciones testimoniales que valientemente nuestros compañeros manifestaron a lo largo del juicio, pretendiendo poner en duda sus recuerdos, llegó hasta poner en duda el compromiso y la objetividad de los organismos de derechos humanos, afirmando que deformábamos o directamente conformábamos los recuerdos de nuestros compañeros víctimas del genocidio”, lanzó la letrada. “Esto demuestra que no existe argumentación posible cuando se tiene la verdad y la capacidad de seguir adelante luchando contra la impunidad”, agregó.

La situación de Zitelli

El fiscal federal de Rosario Gonzalo Stara confirmó que el ex capellán policial Eugenio Zitelli será indagado por el juez Marcelo Bailaque “posiblemente la semana que viene”. Recordó que el magistrado “ordenó constituirlo (al sacerdote) en detención y ha quedado por razones de edad alojado provisoriamente en su domicilio”. Zitelli está imputado de crímenes de lesa humanidad en la llamada causa Feced residual.