Ante los sucesivos piquetes y reclamos de todo tipo que sorpresivamente se realizan en el país con gran perjuicio para la sociedad, nos preguntamos por qué jueces y fiscales ante el flagrante delito cometido, como es impedir mediante intimidaciones la libre circulación, no actúan de oficio en preservación del orden público. El dudoso "garantismo" jurídico en el que supuestamente se basa esta permisividad falla al no tener en cuenta que arrasa al mismo tiempo con las garantías y derechos de la mayoría de los ciudadanos que a diario son castigados sin piedad por la inacción de un Estado especulador y contaminado, para el que la dignidad de sus habitantes no es política prioritaria. No se puede seguir fingiendo naturalidad en un país que busca acostumbrarnos a la precariedad institucional como impronta de nuestra idiosincrasia futura, mientras los países que nos rodean, aún con catástrofes a cuestas, desnudan a diario las enormes diferencias en la calidad dirigencial, que aleja cada vez más a los argentinos del mínimo sentido común.

Juan Carlos Blasi, blasijuanca@gmail.com