El desarrollo que tiene el juicio argentino contra los fondos buitre en Estados Unidos es tema de preocupación en el seno del FMI y en la comunidad financiera internacional. El número dos del organismo, David Lipton, reconoció que la entidad examina formas de modificar los contratos de los bonos para frenar el avance de los fondos buitre sobre los países con crisis de deuda.
"Estamos examinando maneras de fortalecer las cláusulas de acción colectiva para hacerlas más robustas de cara a los potenciales holdouts como también posibles modificaciones a la cláusula pari passu que asegure consistencia y predictibilidad en todas las jurisdicciones", dijo Lipton.
Fue en el marco de un seminario con especialistas sobre las lecciones que dejaron las experiencias recientes de restructuraciones de deuda soberanas, y en sintonía con la posición argentina en su disputa con los fondos buitre.
El encuentro se realizó en el marco La Asamblea Anual del FMI y el BM, que ayer tuvo su última jornada en Washington.
La posición fue dada a conocer sólo cinco días después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara, al menos por ahora, tratar la apelación presentada por Argentina de revisar el criterio de "pari passu" utilizado por el juez Thomas Griesa y confirmado en la Cámara de Apelaciones, que determinó que el país violó el tratamiento igualitario a lo acreedores.
La Argentina pagó a los bonistas del canje (el 93 por ciento) el monto reformulado tras el acuerdo con quita, y no haberle abonado los fondos buitre, que se negaron a aceptar la oferta arsgentina y pretenden cobrar el 100 por ciento.
En Washington, si bien hay resistencia a denominar a los holdouts fondos buitre, es toda una novedad de que el FMI aliente un cambio del enfoque actual contractual, "que otorgue más previsibilidad" a los procesos de restructuración de deudas soberanas.
La novedad viene por el lado de la preocupación que existe por el desenlace del juicio argentino, donde el FMI y la comunidad especializada de académicos y abogados observan el poder sín limite que obtendrían los fondos buitre si ganan la contienda, y el consecuente temor al boicot de futuras reestructuraciones de deuda soberana de los países.
Lee Buchheit, abogado de Cleary Gotlieb, estudio que defiende a la Argentina y también tiene el caso griego, reconoció que "con el expediente de la Argentina los acreedores han encontrado una teoría que les da poder para actuar, no sólo sobre quienes le deben sino también sobre otros acreedores, y creo que eso es un cambio sustancial", remarcó, alentando también cambios en la cláusula pari passu.
La Intendencia definió la licitación en favor de un grupo inversor local que tendrá un plazo de 8 años de concesión más dos de prórroga para su explotación comercial.
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