El fiscal apeló la decisión de Garzón de investigar los crímenes de Franco

Madrid. — La fiscalía de la Audiencia Nacional española apeló la decisión del juez Baltasar Garzón de investigar el paradero de miles de víctimas del franquismo desaparecidos en la Guerra Civil (1936-1939) y los primeros años de la dictadura que le siguió, por considerar que no se trata de crímenes de lesa humanidad y que el magistrado violenta la misma Constitución.

Según la fiscalía, son "los juzgados de cada territorio donde se perpetraron semejantes atrocidades" los competentes para investigar y no la Audiencia Nacional. Esta sustituye al Tribunal de Orden Público del franquismo y posee atribuciones penales peculiares. El fiscal considera además que "la protección de los derechos de las víctimas queda garantizada por las disposiciones de la ley de memoria histórica", aprobada en 2007. "Es el cauce idóneo para el restablecimiento y la tutela de los derechos de las víctimas", aseguró la fiscalía.

La iniciativa impulsada por Garzón es la primera de la Justicia española para investigar las represión franquista durante la guerra, que comenzó con un golpe de Estado fallido contra el gobierno republicano, y los primeros años de la dictadura de Franco, tras el final de la contienda en 1939. Franco murió en 1975 y con él terminó su largo régimen.

Las estimaciones cifran las víctimas de la represión franquista en 180.000, y en unas 40.000 las que aún están, como el poeta Federico García Lorca, en fosas comunes anónimas a lo largo y ancho del país. Garzón ordenó exhumar los cuerpos de 19 fosas, entre ellas, aquella en la que se cree yace Lorca.

La decisión del magistrado causó gran controversia en España, donde los sectores conservadores acusan al juez de abrir viejas heridas superadas con la transición, y los progresistas y las asociaciones de víctimas lo apoyan (ver aparte).

La semana pasada, Garzón declaró la competencia de la Audiencia Nacional para llevar a cabo la investigación, argumentando que se trata de crímenes de lesa humanidad. La fiscalía, sin embargo, considera que se está ante delitos comunes de asesinato, por lo tanto ya prescriptos, que además no pueden ser perseguidos en virtud de la ley de amnistía de 1977.

Los argumentos. El texto de la apelación, firmado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, solicita al pleno de la sala en lo penal de ese tribunal que anule el dictamen de Garzón, al considerar que su pretensión "de conocer todo y de todos en un solo procedimiento quiebra la más elementales reglas del proceso penal y aboca inevitablemente a una inquisición general en nuestra Constitución". Zaragoza cree que Garzón hace una "singular interpretación", al enmarcar la competencia de la Audiencia Nacional en que los hechos constituyen el delito de "detención ilegal sin dar razón de paradero", cuando "es público y notorio" que las víctimas fueron ejecutadas y, por tanto, se está ante delitos de asesinato, que han prescripto. Según el fiscal, es cierto, como alega Garzón, que el delito de detención ilegal es permanente y no prescribe mientras no aparezca la víctima, pero en estos hechos es "notorio" el fallecimiento del secuestrado y, subraya, ni siquiera el juez se plantea la posible "subsistencia" de detenciones ilegales más de allá de 1951, fecha límite que pone Garzón a su investigación. El fiscal sostiene también que el magistrado ha abierto una "especie de causa general contraria a las exigencias del proceso penal" ya que, según establece la ley, por cada delito se debe abrir un sumario.

Ley de amnistía. La fiscalía pone de manifiesto que los delitos han prescrito también en virtud de la ley de amnistía de1977, y que resultaría un "absoluto disparate jurídico" cuestionar la legitimidad de esa norma y "lo que es peor, atribuirle el estigma de «ley de impunidad» porque, pese a que es una ley preconstitucional, fue aprobada por un Parlamento democrático en pleno proceso de transición".

Garzón admitió las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura y autorizó las exhumaciones en 19 fosas localizadas en toda España, entre ellas la que se cree contine los restos de Lorca. La familia del poeta, empero, rechaza la iniciativa.

Francisco Franco y otros 34 altos funcionarios de la dictadura señalados por el magistrado como responsables de desapariciones y otras represalias, ya murieron, por lo que Garzón solicitará el certificado de defunción de todos ellos para declarar la extinción de responsabilidad.