El ex intendente de Casilda, Juan Carlos Bacalini, negó haber dejado la deuda de más de 11 millones de pesos que el actual gobierno casildense asegura que heredó al asumir la gestión el pasado 10 de diciembre en base al informe preliminar de una auditoría realizado por técnicos de la Universidad del Litoral sobre el estado económico financiero del municipio y cuyos números fueron dados a conocer en el marco de una conferencia de prensa de la que dio cuenta en su momento La Capital.
El mandatario saliente admitió un pasivo que representa menos de la mitad del referido monto al afirmar que cuando terminó su gestión "el balance contable entregado arrojaba una deuda exigible de 5.374.268 pesos de la cual 2.549.258,86 pesos correspondía a obligaciones de pago a proveedores y 2.825.010,65 pesos a sueldos".
Y en esa línea además aclaró que "si bien al momento del corte de balance había una deuda de 967.820,91 pesos en cheques emitidos devengados y no presentados fue cubierta con la coparticipación de noviembre, razón por la cual la nueva administración no asumió deuda por este concepto".
Asimismo apuntó a que el balance sobre su último año de gobierno revela que "se gastó poco más de dos millones por encima del total de ingresos obtenidos por el municipio, lo que significa un déficit de sólo el 1,4 por ciento aunque ello parece haber pasado inadvertido por gobierno entrante que prefiere tergiversar la realidad con el fin de sacar algún tipo de provecho político sin tener en cuenta que la verdad siempre prevalece sobre la mentira".
Artilugio.EN_SPACEEl ex intendente peronista fue aún más lejos al sostener que "es un artilugio de la actual gestión mostrar a la comunidad casildense un panorama diferente al que recibió el municipio para justiciar que está haciendo poco y nada para cumplir con sus compromisos de campaña". Y en ese contexto dijo resultarle llamativo que "la auditoría en vez de hacer referencia a la deuda vencida y exigible, que es lo que debería tener en cuenta, hace mención a un déficit financiero tan irreal como inexistente".
Cuestionamiento.EN_SPACEEn ese contexto además cuestionó que dentro del pasivo financiero "se incluye los aguinaldos y sueldos de diciembre exigibles para los primeros días de enero pero no se consigna los recursos previstos para ser volcados al pago de tal compromiso como, por ejemplo, el porcentaje de la sexta cuota del impuesto provincial de la patente automotor cuyo trámite el municipio viene haciendo desde 2006, precisamente, para ser afectado al cumplimiento del aguinaldo".
Bacalini dijo que le "resulta por lo menos extraño el hecho de que el actual gobierno (del Frente Progresista) haya ido a la capital santafesina para contratar una auditoría teniendo cerca a Rosario y prestigiosos profesionales de toda la zona". Y en ese marco vinculó tal decisión a "la afinidad política que tiene el gobierno de Casilda con las autoridades de la Universidad del Litoral que que al igual que el intendente Juan Sarasola son de extracción radical".
"Con todo esto —concluyó— se busca confundir a la población desvirtuando la realidad técnica y económica".
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