El gobierno de la provincia de Jujuy buscará esta semana convertirse en “querellante” en la causa por “asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión” abierta contra la líder de la organización social Tupac Amaru, Milagro Sala, y otros integrantes la agrupación por presuntas irregularidades en el destino de fondos nacionales girados a cooperativas para construir viviendas.
Así lo anticipó el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, quien además advirtió que las penas previstas en el Código Penal para el delito de asociación ilícita pueden reportarle “unos diez años de prisión” a los imputados si son hallados culpables, y podrían devenir en detención “de cumplimiento efectivo” si tuvieran otras causas penales.
En tanto, la Justicia que retomará a partir de hoy su ritmo habitual tras la finalización de la feria de verano tendrá que definir si el juez Gastón Mercau sigue al frente de la investigación de las causas por asociación ilícita y la de instigación al delito que se instruyen contra Sala, quien está detenida desde hace dos semanas.
El representante del Estado jujeño, Miranda, aseguró en las últimas horas que esta semana “nos constituiremos en querellantes para poder aportar nuevos elementos probatorios (en la causa por asociación ilícita) y poder determinar quién se ha quedado con esos fondos públicos”.
En esa investigación, también están imputadas 18 personas, tres de las cuales también fueron detenidas entre ellos dirigentes de cooperativas y ex funcionarios del gobierno del peronista Eduardo Fellner.
Miranda remarcó que “sabemos que algunos cooperativistas fueron obligados a endosar los cheques por distintos montos” para que los supuestos integrantes de la asociación ilícita pudieran quedarse con el dinero.
“A veces usaban una institución ajena a la Tupac Amaru para poder transferir los dineros”, resaltó el funcionario.
Si bien el gobierno del radical Gerardo Morales había denunciado a Sala, quien también es diputada del Parlasur por “asociación ilícita” y “fraude a la administración pública”, la fiscal penal Liliana Fernández de Montiel amplió la imputación por los testimonios de los cooperativistas que dieron detalles sobre las maniobras.
En principio, la Fiscalía intenta determinar el destino de unos 29 millones de pesos que el Instituto de Vivienda de Jujuy (IVJ) había derivado a cuatro cooperativas ligadas a la Red de Organizaciones Sociales.
Por esta causa, esta detenido el ex vocal del Instituto de la Vivienda de Jujuy, Pablo Tolosa, y la ex jefa del Departamento Administrativo Contable, Marta Gutiérrez, quien autorizaba los pagos.
El actual presidente del IVJ y hermano del gobernador, Walter Morales, ratificó la irregularidad de las maniobras al señalar que “no es que tenemos sospechas, estamos convencidos de que fue así”.
“Entregamos las pruebas a la Justicia y son irrefutables”, acotó en diálogo con la prensa jujeña.
En tanto, los abogados de Sala esperan para esta semana que la Justicia responde al último pedido de excarcelación que presentaron el viernes para lo cual presentaron como fianza una casa ubicada en la localidad de San Antonio.
El abogado de la dirigente, Luis Paz, señaló en el escrito de diez fojas que no hay “circunstancias objetivas que permitan presumir que Sala estando en libertad intentara eludir la acción de la Justicia o entorpecer la investigación”.
Sala se encuentra detenida desde hace dos semanas: los primeros 13 días, acusada de “instigación a la violencia y tumulto”, por el acampe que montó la Tupac hace 50 días en frente a la Gobernación, y desde el viernes, por una denuncia penal. Los allegados a Sala se quejaron de que el juez haya dictado el viernes a las 8.30 el cese de prisión en la causa por el acampe y que “media horas después” volviera a dictar la prisión por la otra causa.
