San Francisco. — El escándalo que rodeó la repentina dimisión del director de la CIA adúltero ha conmocionado al pueblo estadounidense no sólo por los personajes de primera línea protagonistas del escándalo, sino por la facilidad con la que las autoridades parecen haber entrado en las cuentas de correo electrónico personales. La tecnología transformó las comunicaciones mucho más rápido que la ley, dando a las autoridades de EEUU el poder de investigar de forma rutinaria e-mails o mensajes íntimos, con mucha menor responsabilidad de demostrar lo que se defiende en cuanto a relevancia en un caso penal. A menudo, las personas objeto de inspecciones electrónicas no llegan a saber nunca que los han investigado, y por supuesto tampoco por qué.

Orden judicial. Las compañías de tecnología como Google y Facebook están dando pasos atrás, negándose a facilitar incluso comunicaciones antiguas sin una orden y desafiando al gobierno a defender su política en los tribunales.

El asunto salió a la luz pública por el escándalo que comenzó con la revelación que el general David Petraeus, mientras era director de la CIA, tuvo una relación extramarital con su biógrafa, Paula Broadwell. El affaire fue descubierto porque Jill Kelley, una mujer de la alta sociedad de Tampa y amiga de la familia Petraeus, se quejó ante el FBI de unos correos electrónicos de acoso anónimos..

En la investigación inicial, al FBI le preocupó que el remitente anónimo de Kelley tuviera información confidencial sobre el paradero de Petraeus. Emitió una citación administrativa permitiendo a los agentes examinar las cuentas de correo de la que procedían los mensajes. Los investigadores descubrieron que los mensajes de acoso eran enviados por Broadwell. El FBI finalmente obtuvo una gran cantidad de e-mails, probablemente con una orden o consentimiento de los implicados.

En otro giro de los acontecimientos, el general del cuerpo de marines John Allen, comandante de la Otán y las fuerzas de EEUU en Afganistán, está siendo investigado por una comunicación supuestamente inapropiada con Kelley que fue descubierta durante el transcurso de la investigación del FBI. Allen negó que ambos mantuvieran una relación sexual.

Discreto y rápido. El espionaje autorizado ha alcanzado un nivel sin precedentes en EEUU de forma discreta pero rápida. Las órdenes para conseguir datos de negocios es una práctica habitual desde hace décadas, pero conforme los individuos suben cada vez más su vida a la red, los servicios que contratan están sujetos al mismo escrutinio.

El FBI, que tiene amplia autoridad sobre ciberdelitos, desde fraude de identidad a acoso online, puede recabar información técnica de las cuentas de correo de ciudadanos privados con sólo una citación. La citación en teoría no debe ser muy gravosa para el receptor, pero por lo demás tiene pocos límites. Un agente del FBI puede ordenar la citación y no requiere la aprobación de un juez. El único escollo potencial llega cuando el FBI quiere acceder a los contenidos de los correos. La interpretación del Departamento de Justicia de la Ley de Comunicaciones Electrónicas Privadas (ECPA), los correos de más de 180 días están "almacenados" y pueden ser cedidos con solo una citación.

Antes de internet. La ley se aprobó en 1986, antes de internet, cuando las comunicaciones electrónicas eran raras y a menudo los usuarios dependían de servicios de tablón de anuncios, que borraban los mensajes después de que los mismos se conectaran y descargaran el contenido. El gobierno argumenta que también e-mails mucho más recientes no borrados —incluso los enviados el día anterior— están "almacenados" y se puede acceder a ellos una vez que fueron leídos. Por años, los agentes de la ley tuvieron acceso a esos correos, y los receptores no tuvieron constancia.