El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) presentó informes que comprometen a Litoral Gas en el marco de la causa judicial donde se investiga la tragedia de Salta 2141, ocurrida el 6 de agosto pasado y donde murieron 22 personas tras una fuga de gas y posterior explosión. El organismo aplicó 22 multas a la prestataria del servicio, 20 de las cuales fueron económicas. La mayoría de esas infracciones corresponde a incumplimientos en la normativa que regula el contrato de concesión, respecto a la calidad del servicio, seguridad de las instalaciones, demora en atención telefónica y a dar respuesta a los reclamos de los usuarios.
Luego de varios días sin conocerse movimiento en la causa y de que los familiares de las víctimas hicieran público su malestar tras el apartamiento del juez Javier Beltramone —tras una decisión de la sala IV de la Cámara Penal— por aparente prejuzgamiento y preopinión sobre la situación de personal de Litoral Gas, en Tribunales surgieron novedades en el expediente, ahora en manos de la jueza de Instrucción Nº 10, Irma Patricia Bilotta.
El Enargas aportó hace pocos días documentación que respalda otras nueve imputaciones que ya había sumado al expediente a principio de este mes, y donde daba cuenta de que la empresa habría incurrido en marcadas fallas de procedimiento y de control antes y después de la tragedia. En esa oportunidad se resaltó que no atendió reclamos previos de los vecinos, que incumplió procedimientos de corte del suministro por fallas técnicas, y que incurrió en demoras a la hora de cortar el servicio tras la explosión.
Ahora, la fiscal Graciela Argüelles confirmó que el ente sumó informes sobre los controles a la concesionaria del servicio que no hablan bien de su desempeño, sobre todo en referencia al cumplimiento de las obligaciones contractuales.
El relevamiento indica que en 985 auditorías hechas a la compañía entre 2009 y 2012 se labraron 22 multas, en 20 de las cuales se resolvieron sanciones económicas que van de los 10 mil a los 50 mil pesos, mientras que en otras dos recibió apercibimientos.
Distintos son los datos que maneja Litoral Gas, que dan cuenta de que en los últimos diez años recibieron 425 actas de auditorías por parte del Enargas. Del total, 191 fueron Comerciales y Administrativas y las 234 restantes, técnicas. Estas auditorias arrojaron, siempre según Litoral Gas, 27 sanciones a la empresa, una de ellas quedó firme, pero ninguna de las 27 fueron por razones técnicas.
Desde el Enargas, en tanto, se destacó que hay otros 20 procesos sancionatorios abiertos aún sin resolución. Las irregularidades detectadas van desde demoras en la atención telefónica y desorden en la base de datos, hasta respuestas tardías a los requerimientos de los usuarios por problemas en el suministro o en las instalaciones.
"Estas irregularidades pueden ser tenidas en cuenta para aplicar más sanciones", agregó Argüelles a LaCapita. También confirmó que en los próximos días se ampliará la declaración indagatoria a los responsables de Calvillo Propiedades, inmobiliaria que administraba el consorcio del edificio de Salta 2141 (ver aparte).
Parte médico. Si bien no se trata una medida relevante que tienda a dilucidar las responsabilidades penales en el siniestro, Bilotta ofició a los hospitales públicos y sanatorios donde se atendió a los heridos para que remitan a la Justicia la historia clínica de cada paciente.
La magistrada solicitó al Instituto Médico Legal que remita los informes con las autopsias de las 22 víctimas, ya que sólo se recibieron dos.En la causa, caratulada como estrago culposo agravado por las muertes, están imputados el gasista Carlos García, quien el 6 de agosto a las 9.40 manipulaba la instalación para cambiar un regulador del flujo de gas del suministro público al domiciliario, su ayudante, Pablo Miño, con menor responsabilidad, y los tres responsables de Calvillo Propiedades.
