En cualquier organización, sea cualquiera su índole, comercial, institucional, sus directivos tienen atribuciones para decidir en breve tiempo, la designación, sanción o remoción de sus propios miembros. Esto no es así en nuestro Poder Judicial. Nuestra sociedad es testigo de la subsistencia por años de jueces venales que llegan hasta la ostentación de arbitrarios desvíos jurídicos en sus sentencias, o dejando prescribir causas que prolonguen la impunidad de funcionarios del gobierno, electos o no. También padecemos jueces garantistas que liberan delincuentes reincidentes en robos y asesinatos. Este desorden indignante de permanencia por años, se produce porque las atribuciones para remover y corregir no está en manos de su autoridad formal, sino del Consejo de la Magistratura dominada por otro poder, el Ejecutivo nacional, principal proveedor de enjuiciados por corrupción. Lo más trágico que le ha sucedido a la república, es que la Justicia haya caído bajo las garras de políticos de ayer y hoy, antidemocráticos y con resentimientos ideológicos. En una organización, la incompetencia o inconducta de un empleado afecta solamente el funcionamiento de esa organización, pero la de un juez afecta a toda la sociedad. Ahora queda claro el cuestionamiento que se hiciera a una Corte con “mayoría automática”: era por ser funcional a otros y no a ellos; siendo evidente que la han sustituido por una red de “jueces automáticos” aún más nocivos. Se necesitarán no pocos juristas de pelo entero, para definir las correcciones a este engendro de nuestro sistema de justicia.

Emilio Zuccalá / Licart29@yahoo.com.ar