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El desborde social y una mirada desde el territorio

Un conjunto de agrupaciones locales se reunieron para sentar posición sobre los hechos de violencia.

Domingo 15 de Diciembre de 2013

ni bien se conoció el amotinamiento policial en Córdoba y antes de que estallara el conflicto con la policía de Santa Fe, un heterogéneo grupo de organizaciones sociales rosarinas se reunieron para desalentar todo tipo de violencia y sentar postura conjunta ante el clima de caos que se reflejaba en otras provincias. Gremios, agrupaciones políticas, sociales, de desocupados, pequeños y medianos comerciantes, de derechos humanos, entre otros, se dieron cita para pronunciarse y exigir medidas de asistencia económica en el corto plazo y planes de mediano y largo plazo para revertir la situación en las barriadas populares.

   “Gente del pueblo, en diferentes situaciones económicas, nos juntamos para salir juntos a buscar una salida que no sea el enfrentamiento de pobres contra pobres ni la represión. Le exigimos respuestas a quienes tienen el poder político”, apuntó Eduardo Delmonte, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). A diferencia de otras ocasiones, un amplio conglomerado de organizaciones locales salió al cruce antes de los hechos violentos con reclamos conjuntos y todos coincidieron en marcarlo como “una muestra de madurez”.

   Unidos en este clima enardecido, todos los sectores se manifestaron por una serie de medidas a corto plazo como la duplicación en diciembre de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el aumento a $500 por este mes de la Tarjeta Unica de Ciudadanía (con la cual se pueden comprar una lista de alimentos en comercios adheridos) para cada persona, el arribo de los planes nacionales de trabajo que no llegaron a Rosario y el refuerzo y ampliación de ayuda alimentaria.

   Respecto a los hechos que atravesaron al país, el secretario adjunto de la CTA Rosario y secretario general de ATE Rosario, Gustavo Martínez consideró que estuvieron vinculados a “muchas cosas que después de 30 años de democracia no deberían existir. Hace poco hacíamos el ejercicio de decir las 30 palabras que no tendrían que estar: trata, narcotráfico, megaminería, desaparición de personas, precarización, salario miserables, etcétera. Si hay una situación con determinados grupos que exceden lo salarial, el gobierno en sus tres niveles, debe saber cómo manejarlo, dado que ha negociado con ellos”, dijo.

   Por su parte Juan Milito, de la Unión de Almaceneros de Rosario, manifestó la preocupación de los comerciantes de las zonas marginales de Rosario ante las situaciones de violencia. “Vimos en zona sur y Villa Gobernador Gálvez el foco de saqueos, que pasa posiblemente por la disputa del narcotráfico. Si no en zona oeste o norte, donde la pobreza es mayor, se hubieran replicado los saqueos”, analizó el referente de los comerciantes.

   Respecto a por qué se sumaron a la convocatoria, subrayó que actualmente, los comerciantes ven a las organizaciones como entidades que trataron de desalentar los saqueos. Sin dudas, un planteo novedoso entre sectores que, por ejemplo durante los acampes que realiza la CCC en diversos puntos de la ciudad, tienen períodos de tensión.

estigmatizadas. En situaciones de desborde social como la suscitada por ejemplo tras la tormenta a fines de 2012, las organizaciones sociales fueron siempre las criminalizadas. Para el dirigente de la CCC, esta reunión desmintió “las acusaciones de intentonas desestabilizadoras que se nos achacó desde sectores del gobierno en otras ocasiones”. Y enfatizó que de continuar los diversos niveles del Estado en las políticas de criminalización a las organizaciones, “cuando tengan que ir al barrio a hablar, tendrán que negociar con los narcotraficantes, lo que es peligrosísimo”.

Ingresos y necesidades. Dependiendo del sector, el análisis sobre la situación económica varía. Los almaceneros, comparando la situación actual con el 2001 y el período 2005-06, se encuentran con un nivel de actividad, que aunque amesetada, no despierta alarmas. No obstante, “al estar cada vez más lejos de las paritarias, el poder adquisitivo de los salarios se va deteriorando y se expresa en el consumo. En estos años a los comerciantes no nos ha ido mal, también porque hay sectores de asalariados que mejoraron su situación. Pero sabemos que hay un montón de gente fuera del sistema. Si no se dan respuestas, se generan estas situaciones y lo del narcotráfico: mientras un pibe sale con el bolsito a laburar de albañil, otro vende droga y gana el triple. Eso desalienta el trabajo”, dijo.

   Por su parte, Delmonte consideró que en el último tiempo hubo un empobrecimiento de una parte de la población, con crecimiento del hambre, “por lo tanto entendemos necesario dar respuestas urgentes en lo social que permitan focalizar el problema y evitar que los pobres sean instrumentos de maniobras que nada tienen que ver con sus intereses. Hay que luchar para que el Estado se haga cargo de la realidad de una parte importante de la población y que podamos pasar las fiestas en paz y con dignidad”, afirmó.

   Para el líder de la CCC, en los barrios se confronta a diario y en primera medida contra la necesidad de la gente, que se manifiesta en problemas de salud, de hambre y de trabajo. Los jóvenes pobres no tienen la posibilidad de trabajar, ni estudiar, lo que constituye el escenario ideal para la expansión de redes delictivas. “En los barrios los pibes empiezan con la «bolsita de Poxirrán» a los 7 años y rápidamente se naturalizan todas las otras sustancias. En este marco el narcotráfico aparece como un factor de empleo concreto para los pibes”. Además, denunció la falta de recursos del Estado que permitan dar una pelea menos desigual. “Faltan programas de empleo y es escasa la ayuda alimentaria. Nos han dado $1000 para comprar alimentos para 200 chicos por un mes, algo irrisorio”.

   Desde los gremios, Gustavo Martínez apuntó que el reclamo central este fin de año será que el salario no se mida por la canasta de alimentos, sino por la capacidad de garantizar vivienda, educación, salud, esparcimiento. “Cuando decimos que ningún trabajador debe cobrar menos de 9000 pesos, es porque es la cifra de la canasta familiar de octubre, sin sumar modificaciones en el rubro de alquiler, entre otras tantos otros. Ese debe ser el salario mínimo, vital y móvil, al cual deben definirlo las necesidades de los trabajadores y sus familias no los caprichos de los funcionarios y el mercado”.

   Buscando “una salida popular” a la situación que se atraviesa, y denunciando que “Rosario ve partir en sus 43 terminales portuarias las riquezas que no llegan a las barriadas”, las organizaciones sociales rosarinas se plantearon efectuar una serie de reuniones con funcionarios de diversos niveles del Estado para debatir medidas de mediano y largo plazo. “Solo con discursos no se resuelven los problemas de la gente. La solución de fondo es la justicia social y la equidad en los salarios”, cerró Milito.
 

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