El derecho a la vida, principio para no condenar a una "mula"
La Corte Suprema de Justicia de la Nación absolvió a un hombre que había sido condenado a cuatro años de prisión por narcotráfico por llevar cápsulas de cocaína en su estómago, y que, a criterio del tribunal, terminó preso porque fue víctima de un "inhumano dilema: la muerte o la cárcel".

Miércoles 21 de Abril de 2010

Buenos Aires. — La Corte Suprema de Justicia de la Nación absolvió a un hombre que había sido condenado a cuatro años de prisión por narcotráfico por llevar cápsulas de cocaína en su estómago, y que, a criterio del tribunal, terminó preso porque fue víctima de un "inhumano dilema: la muerte o la cárcel". El alto tribunal declaró la nulidad de toda la causa porque las cápsulas de drogas, que sirvieron como prueba para condenarlo, se obtuvieron en una operación en la que el hombre se encontró con la instancia crucial de decidir entre su vida o la prisión.

"El principio republicano de gobierno impide que el Estado persiga delitos valiéndose de medios inmorales, como sería aprovecharse del inminente peligro de muerte que pesa sobre el procesado que acude a la atención médica, mediante la imposición de un deber al médico que lo convierta en un agente de la persecución penal del Estado", sostuvo la Corte.

La persona identificada como C.A.B. fue operada el 20 de octubre de 2002 en el Hospital San Bernardo de Salta con un cuadro de obstrucción intestinal, por lo que luego se descubrió que eran 13 cápsulas que contenían cocaína que fueron sacadas de su estómago y otras que expulsó naturalmente. El 24 de junio de 2003 fue condenado a cuatro años de prisión. "Se trata de la ponderación entre el derecho a la confidencialidad que le asiste a todo habitante de la Nación que requiere asistencia a un profesional de la salud —una acción privada incluso para quien se encuentra realizando una conducta delictiva (...)— y el interés del Estado en la persecución de los delitos; pero, en concreto y en el caso, se trata nada menos que del derecho a la vida de una persona y ese interés del Estado", opinó el máximo tribunal. (DyN)