El debate que inició Fernández

Martes 17 de Febrero de 2009

La directora del Ceads, Silvia Inchaurraga, destacó la importancia del sondeo en el marco del debate sobre la despenalización del consumo de drogas que desde el año pasado se da a nivel nacional. "La idea es conocer qué piensan los rosarinos, los prejuicios y los mitos, sobre todo cuando en el gobierno nacional y en la Corte Suprema de Justicia se está discutiendo el tema", explicó.

El debate al que refirió Inchaurraga comenzó con el ministro de Justicia de la Nación, Aníbal Fernández, que fue el primero en hacer público el tema al declarar que no había que perseguir "a los perejiles". Pero eso no fue todo, el funcionario convocó entonces a un comité de expertos como asesores para modificar la actual ley de drogas y así "dejar de criminalizar al consumidor". Ahora se esperará el dictamen de los especialistas para avanzar sobre un proyecto oficial.

En tanto, desde finales del año pasado se aguarda un fallo de la Corte Suprema de Justicia que despenalizaría la tenencia de drogas para consumo personal. La decisión se producirá sobre el caso Villacampa, donde dos rosarinos plantearon la inconstitucionalidad de la ley que castiga la tenencia de drogas para consumo. Si como se espera, los votos mayoritarios de los integrantes de la Corte son favorables a la despenalización, quedaría asentado un antecedente jurídico decisivo.

No es legalizar. "Es importante aclarar algunos conceptos", dijo la especialista al explicar que la despenalización es sacar la punición. "En el caso que estudia la Corte sería sobre a tenencia de drogas para el propio consumo", dijo, y aclaró que "seguirían siendo punibles otras conductas como la tenencia para comercialización, el cultivo y el suministro gratuito".

"Legalizar —añadió— es algo complemente diferente. Sería legalizar la producción y comercialización de las drogas, algo que en forma total no hizo ningún país del mundo. En cambio, "el actual debate en la Argentina es la despenalización, algo que ya hicieron países vecinos, como Uruguay, Brasil y Méjico, donde no hay punición sobre el propio consumo".