La Cámara de Diputados de Brasil le aplicó una nueva derrota a la presidenta Dilma Rousseff, esta vez por partida doble: aprobó una enmienda constitucional que le quita el poder de designar nuevos ministros de la Suprema Corte y aplazó la votación del ajuste fiscal, cuya aprobación inmediata es vital para el gobierno. El proyecto aprobado eleva de 70 a 75 años la edad de retiro obligatorio de los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF). Con ellos, la presidenta no designará a ningún magistrado de esa corte en lo que resta de su gobierno, que termina en 2018, salvo que alguno renuncie antes de tiempo.
El traspié a la presidenta en el Congreso ocurre en momentos en que Rousseff busca un consenso para aprobar medidas de austeridad para sanar las cuentas públicas. Aliados al gobernante Partido de los Trabajadores se han manifestado en contra de las medidas.
De no haber sido aprobada la iniciativa, Rousseff habría designado a cinco de los 11 ministros del Supremo, que completan 70 años hasta 2018. El proyecto fue aprobado en la madrugada de ayer con 333 votos a favor y 144 en contra, además de 10 abstenciones.
Según informó ayer el diario Folha de Sao Paulo, la abrumadora mayoría fue lograda gracias a que representantes de nueve partidos que integran la coalición de gobierno llegaron a un acuerdo con la oposición y con el presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha. Cunha fue quien puso sobre la mesa la iniciativa, que “dormía” a espera de aprobación desde 2005. Pese a integrar el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) —el principal aliado del gobierno—, Cunha es un enemigo declarado de Rousseff y ha sido mentor de las principales derrotas legislativas que sufrió la presidenta desde que asumió su segundo mandato, el 1º de enero.
Más allá de discrepancias técnicas respecto a la nueva normativa, el líder de la oposición en la Cámara baja, el socialdemócrata Bruno Araújo, explicó la dimensión política de la misma: “Desde el punto de vista político, el país gana al anular esas designaciones (que haría Rousseff), contaminadas con un matiz político e ideológico”.
Para votar la enmienda constitucional, Cunha pospuso el martes por la noche la discusión de la primera Medida Provisoria (MP) presentada por el Ejecutivo relativa al ajuste fiscal, prioridad para el gobierno. La MP-665 endurece las condiciones de acceso al seguro de desempleo y afecta otros beneficios laborales, por lo que es rechazada por buena parte del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y por la centrales sindicales de izquierda, que son su base de apoyo popular. Por esta razón la aprobación en Diputados estuvo en la cuerda floja hasta minutos antes de la hora prevista de votación.
Tras arduas negociaciones con integrantes del gobierno, los diputados del PT acabaron aceptando apoyar la medida, pero poco después Cunha resolvió posponer la votación, que se trataría en las próximas horas.
Según sostienen analistas, la decisión de Cunha pudo haber estado vinculada a un programa de propaganda institucional, emitido por el PT el martes por la noche en cadena nacional. El vídeo, de 10 minutos de duración, contenía un discurso del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva en el que se manifestó contrario a un proyecto que libera la contratación de trabajadores tercerizados, propuesto por Cunha y también rechazado por el PT y los sindicatos de izquierda.
Además de provocar un nuevo “cacerolazo” en al menos 18 Estados brasileños, se especula en Brasilia con que el video enfadó a Cunha, quien habría amenazado con no acompañar la aprobación del ajuste fiscal.
