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El conflicto policial se agravó y el gobierno propuso otra negociación

Las fuerzas enviadas por la Nación garantizaron en Rosario la prestación de seguridad ante la rebeldía de los efectivos provinciales. No salieron móviles a la calle y la protesta escaló hacia las comisarías. También se extendió a otras ciudades santafesinas.

Lunes 09 de Diciembre de 2013

La crisis desatada por la protesta de la policía provincial persistió ayer durante todo el día en Rosario, lo que se advirtió en una elocuente disminución del servicio, una tensión no menos notoria y la masificación del conflicto hacia otros puntos de la geografía santafesina. Los móviles de la estratégica Agrupación Cuerpos, que coordina todas las fuerzas que patrullan la calle, no salieron a realizar su tarea en todo el día. Un grupo conformado por policías retirados y activos, miembros del no reconocido gremio Apropol y familiares bloquearon la entrada de la Jefatura de Unidad Regional II en Ovidio Lagos 5250 impidiendo el ingreso y egreso de vehículos.

El ofrecimiento de mejoras salariales no encontró aceptación en una masa de empleados públicos que no tienen un representante claro en la discusión ante el Estado provincial. Hacia las 22 el gobierno provincial invitó a que ocho referentes de la protesta en Santa Fe y ocho de Rosario se sentaran a una mesa de negociación junto a los ministros de Gobierno, Rubén Galassi, y de Seguridad, Raúl Lamberto (ver aparte).

La negativa a normalizar el servicio en todo el día descubrió el rechazo a la propuesta inicial.

El estado de rebeldía anoche progresaba hacia el personal de las comisarías. Los operadores del 911 atendían las llamadas pero las fuerzas a las que se asignan las órdenes de servicio estaban inactivas. Las prestaciones en seccionales habían quedado en umbrales mínimos como el cuidado de detenidos en penales policiales.

Orden preservado. Desde el gobierno provincial y la Unidad Regional II señalaron que pese a la crisis no se registraron problemas de afectación del orden público.

Las fuerzas federales enviadas por el gobierno nacional se desplegaron ayer en todo el territorio urbano en base a un esquema de 40 objetivos zonales y a una movilidad continua.

Esa presencia de 1.500 efectivos de Gendarmería Nacional y de 380 agentes de Prefectura Naval cubrió sin contratiempos, según la evaluación oficial, los más que evidentes huecos dejados por la deserción de los policías provinciales.

Frente a eso, la gestión de Antonio Bonfatti apostaba a una convocatoria masiva al arco político, a realizarse hoy, a las 9.30, en la sede de Gobernación.

El fin de la convocatoria es sentar un principio mancomunado de fuerza y legitimidad democrática ante el reclamo, que resiente un servicio esencial como es la prestación de seguridad en la provincia, colocando en situación de fragilidad a la población (ver página 4).

El incendio. Los momentos de agitación entre las mismas fuerzas policiales, donde la medida es masiva pero no unánime, estallaron ayer a la mañana en un incidente serio: un grupo de personas no identificadas prendió fuego dentro de Jefatura a la oficina de Relaciones Policiales, encargada del enlace entre la Unidad Regional II y los medios de prensa, razón por la cual esa dependencia estuvo todo el día sin teléfono. Le reprochaban a la Jefatura, según fuentes policiales, no informar debidamente sobre el conflicto. Esa acción constituye un delito que deberá investigar la Fiscalía NN de Tribunales.

Hacia el final de la noche un portavoz del gobierno aceptó que la protesta había ganado fuerza en ciudades como Villa Constitución, Santa Fe, Santo Tomé y Reconquista. En ningún caso hubo autoacuartelamiento. Sí abandono del servicio regular.

Impresiones. "Hubo durante el fin de semana episodios delictivos usuales pero nada distinto a situaciones en que el servicio se presta normalmente. Desmiento que hayan existido hechos de saqueo en ningún punto del departamento Rosario", dijo el subjefe de Unidad Regional II, José Luis Amaya. La aclaración vale en un contexto donde desde el viernes arreciaron versiones envenenadas sobre todo tipo de delitos contra comercios que, según voceros oficiales, fueron alimentadas por franjas policiales que promueven la protesta.

Un comité de crisis en el que interviene el jefe de Unidad Regional II Luis Bruschi, funcionarios municipales y del Ministerio de Seguridad acordaron ayer un diagrama de patrullaje que se delegó a las fuerzas de Gendarmería. "Se establecieron 40 puntos estratégicos de Rosario y Villa Gobernador Gálvez y la custodia se realizó normalmente", agregó Amaya.

El juez de Instrucción Javier Beltramone había ordenado el sábado hacer cesar el tapón que impide el movimiento de vehículos frente al acceso principal de la sede departamental. Algo que es difícil de concretar en una atmósfera enrarecida: un desalojo en un ámbito donde hay mujeres y chicos podría ser un factor de choque que no haría sino atizar el conflicto.

¿Quién aparece como portavoz visible del reclamo policial? ¿Cuál es su auténtica representatividad? Estas preguntas son aún de difícil respuesta. El que entregó el petitorio de reivindicaciones la madrugada del sábado a las autoridades policiales es Miguel Portillo, un comisario inspector retirado que integra Apropol. Consciente de la orden judicial de Beltramone, este ex oficial y abogado dijo ayer que la concentración en Jefatura no impidió el movimiento de vehículos. Pero entrar o salir por el portón principal o puesto 1 a las 17 de ayer, con unas 200 personas instaladas allí, lucía como una tarea imposible.

Un sello degradado. La ambigüedad es distintivo del momento. El Ministerio de Seguridad señala que la policía no aceptó la oferta realizada por Bonfatti el sábado a la tarde pero no identifica a quiénes reconoce como portavoces en ese diálogo. El gobierno propuso un monto no remunerativo de 1.500 pesos, el incremento de un 20 por ciento del servicio adicional, 1.500 pesos para uniforme y la apertura de una mesa para la discusión regular de salarios con la fuerza. Los jefes de las agrupaciones y de las secciones trabajaron. "Pero la tropa no les responde", se sinceró un funcionario del gobierno.

Apropol es una agrupación sin reconocimiento oficial a la que Bonfatti llamó seudosindicato y cuestionó por sus modalidades extorsivas. En enero de 2006 el entonces ministro de Gobierno santafesino Roberto Rosúa echó de la policía provincial a diez de sus principales miembros, entre ellos Alberto Martínez, hasta el presente la cara más visible del grupo. La decisión se adoptó ocho meses después de que Apropol impulsara una protesta, en abril de 2005, luego del asesinato del agente Diego Navarro en un supermercado de La Florida, acción que dejó 20 horas sin servicio a Rosario.

En esa ocasión, concentrados en Jefatura donde bloquearon el paso de patrullas, algunos policías del gremio no formal insultaron a la entonces jefa de policía provincial Leyla Perazzo, lo que quedó registrado en tomas de Canal 5.

Cuando fueron pasados a disponibilidad con sus camaradas, Martínez dijo del entonces gobernador. “Adonde vaya (Jorge) Obeid lo vamos a seguir. Este es un año electoral y no va a gobernar tranquilo”. A los ocho meses lo expulsaron de la fuerza.

La razonable proclama de que como trabajadores estatales los policías tengan alguna vez un sindicato, con las excepciones propias de una fuerza armada, no salva a Apropol de un notorio desprestigio dentro de la propia fuerza. No pocos policías consultados por este diario señalaron que no lo consideran representativo aunque defendieron la justicia del reclamo salarial y el rechazo a la actual escala remunerativa.

Sueldo y jerarquía. “Soy un sargento primero con 22 años de antigüedad y no tengo nada que ver con Apropol”, dijo ayer un policía que reconoce como justa la protesta. “Gano 7.100 pesos con cargas familiares y título incluído. Con ese sueldo no puedo ni soñar con tener casa propia. Y un chico que recién entra gana 5.500 pesos. Son 1.600 pesos de diferencia y yo tengo cinco grados arriba en el escalafón y más de veinte años en la calle. Es una incoherencia”, comentó.

Ese tipo de planteos que se asumen como justos, junto a las experiencias recientes de salidas a las crisis policiales en provincias como Córdoba y Catamarca, nutrieron la propagación de la protesta. Ayer surgían nuevas en otras provincias

“De ningún modo un reclamo salarial justo puede implicar que una fuerza armada arrincone a un gobierno elegido de manera democrática y tenga en vilo a toda la sociedad”, dijo ayer la diputada provincial del Frente Progresista Alicia Gutiérrez.

“La policía debe deponer su actitud y cuidar a los ciudadanos”, señalaron el diputado provincial Luis Rubeo y los concejales Norma López y Roberto Sukerman, del Frente Para la Victoria. “Esta es la oportunidad para que el gobernador y sus ministros dejen en claro quienes tienen el control de la conducción y el liderazgo sobre la fuerza de seguridad de Santa Fe. Más aún, con el trabajo articulado que se realiza con el gobierno nacional y sus fuerzas de seguridad en nuestro territorio. El gobierno provincial debe exigir a los policías rebeldes que vuelvan a sus puestos de trabajo. Apelamos a todas las fuerzas políticas de la democracia a no distraerse de las reales causas de este conflicto para evitar que se profundice”, afirmaron.

En este panorama, es una incógnita la forma que asumirá hoy la actividad comercial y financiera en Rosario con una prestación de calle restringida y servicios adicionales que de prolongarse el descontento también se verán afectados.

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