San Lorenzo.— Con seis votos negativos y una abstención, el Concejo local
impugnó el diploma del edil electo Pedro Rodríguez, quien no pudo asumir su banca en la sesión
preparatoria de ayer, situación que, como lo marca el reglamente interno del cuerpo, deberá
resolverse en forma definitiva en la primera sesión ordinaria de 2010.
La preparatoria se hizo a puertas cerradas y se prolongó hasta pasado el
mediodía. La impugnación se resolvió en medio de gritos a favor y en contra de grupos antagónicos
que estaban en las puertas del Concejo a la espera de la decisión y separados por un cordón
policial.
Por un lado los colaboradores del Rodríguez, integrantes del Frente Vecinal,
habían ganado el hall de la planta baja, en la vereda militantes de la juventud peronista y
organismos defensores de los derechos humanos pedían que no asuma, en tanto el secretario general
de la CGT San Lorenzo, Pablo Reguera junto a un grupo de aceiteros llegaron para apoyar al
edil.
El 1º de marzo. Poco antes de las 13, Rodríguez bajó las escaleras y dijo: "Nos
vemos el 1º de marzo". Fue allí cuando se escucharon voces de apoyo e insultos para los ediles de
quienes estaban en la planta baja.
Mientras que afuera los organismos y la JP festejaron la decisión del Concejo, y
los aceiteros se retiraron junto a Rodríguez quien ratificó: "Voy a presentar un recurso en la
Cámara en lo Contencioso Administrativo de Rosario para que la Justicia resuelva este absurdo que
han votado los ediles", y agregó: "Como abogado no alcanzo a interpretar lo que votaron".
Al ser consultado sobre su situación judicial particular manifestó: "Ojalá ese
juicio termine pronto así se termina de una vez esta mentira sobre mi persona".
Tensión. No hubo violencia física, sólo intercambio de insultos, pero sí se
vivió un momento de mucha tensión cuando una integrante del Partido Vecinal se desvaneció, fue
asistida por el edil Eduardo Ros (que es médico) y tuvo que esperar varios minutos hasta que llegó
al lugar una ambulancia para asistirla y trasladarla a un nosocomio.
Rodríguez está imputado por la Justicia federal en una causa por violación a los
derechos humanos durante la última dictadura militar, precisamente a raíz de esta causa fue
detenido en 2004, y también fue separado del cuerpo en es momento.
Una vez conocido el resultado electoral que lo consagró en San Lorenzo
nuevamente como edil comenzó una fuerte presión de entidades defensoras de los derechos humanos
para que el Concejo no le permita asumir, y varios ediles ya habían anunciado públicamente cuál iba
a ser su actitud.
Lo cierto es que en la preparatoria la concejala Marcela Lozano fue la encargada
de argumentar la impugnación, haciendo referencia a la situación judicial por la que atraviesa
Rodríguez. Al momento de votar Lozano, Claudia Moyano, Marcelo Roggi, Gustavo Oggero y María
Claudia Mariani rechazaron el diploma, mientras que Ramón Dicilli, ex partidario de Rodríguez hoy
enrolado en las filas del socialismo, se abstuvo.
La banca no fue ocupada por el segundo de la lista debido a que la situación
quedará resuelta en forma definitiva en la primer sesión ordinaria del Concejo, esto tiene que ver
con lo que marca el reglamento interno del cuerpo en cuanto a la resolución de las impugnaciones,
por lo que de no mediar un fallo judicial favorable tanto en la causa en la que Rodríguez está
imputado como en el recurso que va a presentar, la votación será misma.
La suerte echada. Hace un par de semanas, y luego de promulgada la ley que
inhabilita para ser candidato a quien esté imputados en delitos de lesa humanidad, el Concejo
aprobó un resolución para que varios organismos provinciales se expidan sobre esta particular
situación.
Debido a ello el martes llegaron al Concejo 2 notas que para muchos terminaron
de volcar la balanza sobre el tema. Por un lado llegó un extenso dictamen firmado entre otros por
el Ministro de Justicia y Derechos Humanos provincial, Héctor Superti, en el que se fundamentan
causas por las que Rodríguez no está en condiciones de asumir.
Por otro, la propia vicegobernadora, Griselda Tessio envió una nota adhiriendo
al dictamen de Superti y argumentando: "Rodríguez está inhabilitado para acceder a su banca atento
a que tiene pendiente proceso criminal por comisión de delitos de lesa humanidad por lo no reúne
las condiciones morales y de conducta por esa misma gravísima imputación".
Con la fuerza de este respaldo provincial, si bien hubo que aguardar hasta la
preparatoria para conocer la resolución del tema, en la mañana de ayer ya se intuía cuál iba a ser
el final de esta novela.
Malestar gremial. Reguera es Secretario General de la CGT San Lorenzo y del
Sindicato Aceitero, entidad a la que Rodríguez representa legalmente, de ahí el motivo de la
movilización en apoyo de ayer.
El hecho, seguramente, no cayó muy bien en varios dirigentes gremiales del
cordón, y en días podría haber una expresión pública al respecto.