El Concejo fue ayer un hervidero. El día después de la polémica sesión autoconvocada en la que se aprobaron subsidios para los inundados de Fisherton, el arco opositor fue por más. Busco sancionar a dos agentes políticos del Palacio Vasallo por haberse negado a convalidar el debate del miércoles. La movida puso en jaque al propio presidente del cuerpo, Miguel Zamarini. Pero a media tarde los ediles acordaron postergar las sanciones una semana y a las 19 bajaron al recinto para sesionar sin confrontaciones. Pero la tensión no abandonó los pasillos del Concejo, en una saga que promete sumar nuevos capítulos las próximas semanas.
La jornada legislativa de ayer en Rosario tuvo todos los condimentos: suspenso, versiones encontradas, operaciones cruzadas, cabildeos y finalmente una virtual fumata blanca.
Desde temprano los mentores de la movida opositora del miércoles último intentaron asestarle otra derrota política al oficialismo y sus aliados. Y pusieron bajo la lupa a dos integrantes del gabinete legislativo por haberse negado, por cuestiones reglamentarias, a convalidar la discusión en el recinto que terminó con la aprobación de los subsidios.
Aquella decisión obligó al secretario de la comisión de Obras Públicas a sentarse al lado de la vicepresidenta Norma López (PJ) para poner su firma en los expedientes que estaban en discusión y así dotarlos de legalidad.
Por esa razón, un sector opositor propuso destituir de sus cargos al secretario parlamentario (Marcelo Marchionatti) y a la administrativa (Sonia Colacelli). La jugada no era meramente burocrática, era una estocada política que ponía en jaque la conducción del presidente, Miguel Zamarini, ya que apostaba a desplazar a sus colaboradores directos, en especial Colacelli.
"Si quieren destituir a dos secretarios del cuerpo vamos hacia otra discusión reglamentaria, para nosotros sin despacho de comisión se requiere una mayoría especial en el recinto para cualquier decisión política", advirtió el presidente del bloque socialista, Manuel Sciutto, en plena reunión de la comisión de Labor Parlamentaria, en la que confluyen los presidentes de bloque.
El cónclave arrancó pasadas las 10 y se extendió cerca de seis horas. La tirantez era tal que la sesión no estaba garantizada y muchos descontaban su caída.
"En años de trabajar en este Concejo nunca vi nada igual", dijo una edila. "Vinieron por todo, no aceptan la más mínima disidencia, ni siquiera reglamentaria y quieren llevarse puesto a dos secretarios de perfil técnico", agregó otro del armado oficialista.
Cuando los distintos bloques se percataron que la movida afectaba el liderazgo de Zamarini, la estrategia opositora comenzó a virar. Surgieron voces que recomendaron bajarle el tono a la embestida para garantizar que hubiera sesión y para no romper los acuerdos políticos en torno al manejo administrativo del Palacio.
En ese marco, surgió como alternativa "sólo sancionar" a los funcionarios díscolos en la sesión de la semana próxima a través de una suspensión por entre 15 y 30 días corridos. Según ediles opositores, "no pueden arrogarse la facultad de interpretar el reglamento".
Al caer la tarde las diferentes bancadas acordaron bajar al recinto y sesionar sin mayores confrontaciones. Cerca de las 19, mucho más tarde que la mayoría de los jueves en los que sesiona el Concejo, comenzó el tratamiento de los expedientes del día.
En paralelo, fuentes administrativas del Palacio Vasallo confirmaron a este diario que las ordenanzas aprobadas el miércoles en la sesión autoconvocada por el arco opositor estaban por ser remitidas a la Municipalidad.
"Los expedientes van a ser enviados con la firma de la vicepresidenta Norma López y del secretario de la comisión de Obras Públicas que actuó como administrativo, con el aval de los 13 concejales que estuvieron en el recinto. Quedará en manos del Ejecutivo evaluar su legalidad, un posible veto, promulgación o devolución del expediente tras un dictamen del área jurídica de la Intendencia", explicaron.
