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El Concejo abrió el diálogo para cambiar la norma sobre boliches

Ya hubo un primer contacto de los ediles con bolicheros. Le seguirán las reuniones con vecinos, jóvenes y miembros del Ejecutivo.

Lunes 14 de Abril de 2014

La Asociación Hotelera y Gastronómica se reunió la semana pasada con ediles que integran la comisión de Gobierno del Concejo. La agenda se abrió para empezar a desglosar qué cambios hacen falta para mejorar la norma que regula el control en la noche rosarina. El encuentro fue el primero de una ronda que incluirá también a otros dueños de boliches, vecinos, jóvenes y funcionarios del Ejecutivo.

La tarea legislativa promete poner sobre la mesa miradas y proyectos relacionados con la modificación de la ordenanza Nº 7218, que regla a los espectáculos públicos y que viene impulsado el radicalismo.

Tras la primer audiencia celebrada la semana pasada en el seno de la comisión de gobierno del legislativo local, los concejales comenzaron a analizar cambios en horarios, rubros, inspecciones municipales y protocolos de acción por parte de la Intendencia.

"Fue una muy buena reunión que se extendió por más de dos horas, escuchamos consideraciones y reclamos, así como distintos puntos de vista", sintetizó el radical Jorge Boasso, que preside la comisión de Gobierno, ámbito natural del debate sobre la diversión nocturna.

Según indicó el vicepresidente de la comisión, Rodrigo López Molina del PRO la ronda de consultas se extenderá en las próximas semanas e incluirá a todas las cámaras de bolicheros, a los jóvenes, vecinos en general y a los funcionarios de la propia Intendencia.

En la base de estos acercamientos, están los proyectos de modificaciones a la ordenanza Nº 7218, de espectáculos públicos. Fue justamente desde el bloque que lidera Boasso, que surgió, hace más de un año, una de las iniciativas para reformularla.

Sin embargo, desde el PRO, López Molina indicó que su bloque buscará sancionar una nueva ordenanza en vez de trabajar sobre la norma vigente. "La 7218 ya cumplió su ciclo, con más de 10 años regulando lo mismo y entendemos que algunos rubros quedaron desactualizados", indicó a LaCapital .

Alcohol y la previa. No obstante, los ediles que buscan modificar la ordenanza de espectáculos públicos vigente plantean cambios vinculados a mayores restricciones sobre la venta de bebidas alcohólicas, horarios de apertura y cierre de las confiterías bailables, además de ampliar de multas a la tergiversación de rubros.

Entre las reformulaciones propuestas por el bloque radical está la apertura y cierre de los locales. "Es necesario establecer un nuevo horario de ingreso a los locales habilitados como confiterías bailables, para evitar excesos de consumo de alcohol en las denominadas reuniones "previas".

En este marco, las confiterías bailables para mayores de 18 abrirían de lunes a miércoles y domingos de 22 a 2, jueves de 22 a 3 y viernes, sábados y vísperas de feriados de 22 a 6. Mientras que los pubs funcionarían viernes, sábados y vísperas de feriados de 22 a 4.30.

El proyecto de la UCR también pone la lupa sobre la tergiversación de rubros como causa de caducidad efectiva del permiso de habilitación, como en los casos de violación de clausuras, venta de alcohol a menores, falseamiento de datos en declaraciones juradas y ruidos molestos, entre otros.

A la primera reunión asistieron representantes de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y de los locales Macnamara, Berlín y Kubrick, quienes pidieron un protocolo de actuación de las inspecciones nocturnas para evitar multas arbitrarias. "Las reglas deben ser claras", aseguraron.

Reclamo por la Lavardén. Los empresarios también solicitaron información sobre la habilitación de Sala Lavardén y el Patio Cívico. "No nos oponemos a que sean competencia, pero queremos que cumplan los mismos requisitos que nosotros. Se les cayó un ascensor a la Lavardén y no la clausuraron porque es del gobierno", dispararon.

El bloque radical hizo hincapié en sanciones más estrictas. En esta línea están las clausuras preventivas efectivas por incumplir la normativa y, en caso de repetir faltas graves o impedir inspecciones, promover la clausura definitiva inmediata.

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