El tenso y complejo panorama que se desató anteayer en el predio que ocupa el Club Atlético Argentino (Sorrento al 1400) cuando la Municipalidad ingresó con fuerzas de seguridad al lugar para poder avanzar con la segunda etapa del plan de viviendas del barrio Travesía tuvo ayer otro capítulo, que se desarrolló en Tribunales.
En un marco de denuncias cruzadas entre el secretario de Control y Convivencia Ciudadana, Pablo Seghezzo, y el titular del club salaíto, Daniel Mariatti, la Justicia resolvió citar a ambas partes para destrabar, al menos, el destino inmediato de las tierras, desde hace unos años ocupadas por la entidad deportiva, pero a la vez cedidas a la Municipalidad por la Nación (concretamente, por la Secretaría de Gestión del Hábitat) para continuar con el plan de urbanización conocido originalmente como Sueños Compartidos (un proyecto que fue de Madres de Plaza de Mayo y quedó trunco por corrupción). De este modo, hubo dos encuentros en forma separada solicitados por la fiscal Verónica López: primero fue el abogado de la institución deportiva quien dialogó con referentes del Ministerio Público de la Acusación y luego llegó el turno de la Municipalidad. Si bien no hubo más avances, se espera una próxima convocatoria.
“Presentamos el convenio escrito en relación con los terrenos”, dijo a La Capital el secretario de Control y Convivencia Ciudadana, Pablo Seghezzo. Se trata de un predio (aproximadamente dos manzanas) que tienen una larga historia conflictiva (ver aparte), pero que Club Argentino pudo utilizar primero gracias a un contrato, después por una prórroga y luego, según explicó el propio Mariatti, gracias a un permiso “de palabra”.
Otra versión es la que maneja la Intendencia. Desde el Servicio Público de la Vivienda (SPV) explicaron que la autorización nacional para que el club usara esas dos hectáreas y media (ubicadas en las inmediaciones de Artilleros y Renán, sobre un total de 12 de que dispone la entidad en el lugar) venció antes de fines del 2014. Y desde entonces, aseguraron, el municipio le envió sucesivas notificaciones para que lo desalojara para poder comenzar las obras.
En rigor, esa medida permitiría avanzar con una nueva etapa del barrio Travesía (la primera fue la de Juan José Paso y Sabín, con 256 casas). Dentro de esta segunda fase, en la que están previstas otras 244 viviendas sobre la línea de Sorrento, la idea es arrancar con 64 unidades habitacionales y equipamiento comunitario justamente en esas dos hectáreas que ahora el Salaíto se rehúsa a entregar.
Desde el SPV aseguraron que cuentan “con toda la documentación probatoria” de los pasos dados junto a la Nación, que llegó incluso a exhortar a la Municipalidad a “arbitrar las medidas necesarias para disponer de esas tierras” de modo de poder comenzar con las obras.
Lo cierto es que, más allá de las notificaciones, el martes se desplegó un fuerte operativo, con topadoras incluidas, para avanzar sobre los terrenos en los que el club ya había trazado dos canchas de fútbol (según la Municipalidad, había plantado un par de arcos justamente después de enterarse de que debería dejarlas).
El ingreso desató incidentes violentos, cruces, corridas, insultos y hasta algunas agresiones físicas. Tras ese episodio, directivos y socios del club comenzaron un acampe para resistir el regreso de las máquinas, medida que se levantó ayer a la mañana al conocerse la cita judicial.
De hecho, la situación desató acusaciones cruzadas. Después de que un inspector municipal terminara golpeado (lo que incluso motivó su traslado al hospital y estudios médicos), Seghezzo no dudó en radicar una denuncia penal contra Mariatti y advirtió que “con dirigentes así” es comprensible la existencia de los “barrabravas”.
Es más, el funcionario acusó severamente a Mariatti de haber incitado a la violencia a menores de edad para resistir y “romper el cerco” que había colocado el municipio.
Mariatti, por su parte, dijo que el ingreso de las fuerzas de seguridad “armadas hasta los dientes” lo retrotrajo a las “peores épocas” y reivindicó el trabajo de contención que realiza el club como forma de alejar a los chicos del delito. También adelantó que podría denunciar a la Municipalidad y sus funcionarios por haber actuado sin una orden judicial o al menos no haberla exhibido.
Al respecto, el propio titular del SPV, Raúl Alvarez, recordó que el operativo no consistió en un “desalojo”, ya que se trata de tierras nacionales, que en su momento le fueron prestadas al club, pero que desde hace años están destinadas a la edificación de viviendas sociales.
Alvarez recordó además que la Intendencia no actuó por sí misma, sino que se limitó a transmitir a la empresa que construye las viviendas en ese lugar (Pecam) la orden de seguir con el plan. “Eso fue solicitado por la Nación al municipio para que las obras continúen como estaba prevista en la ordenanza aprobada por el Concejo Municipal”, detalló.
Tensión. Lo cierto es que en el predio hubo cruces, insultos, corridas y hasta un acampe de resistencia para que no se desalojaran esos terrenos del club ni volviera a entrar máquinas, medida que se depuso ayer a la mañana después de que la Justicia convocara a la mediación.
