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El Cels marcó sus diferencias con el nuevo Código Procesal

El Centro de Estudios Legales y Sociales que preside Horacio Verbitsky advirtió sobre el artículo que ordena expulsar a entranjeros que sean hallados delinquiendo.

Viernes 24 de Octubre de 2014

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) salieron ayer a cuestionar algunos aspectos del proyecto para reformar el Código Procesal Penal que anunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque en términos generales consideraron que el nuevo Código es un avance positivo.

Uno de los puntos en el que el Cels marcó disidencia se centra en el artículo que permitirá la expulsión de extranjeros detenidos en flagrancia de un delito. Sobre este punto, Diego Morales, director del área de Litigio y Defensa Legal del Cels, sostuvo: "Estuvimos mirando esa parte del Código referida a la expulsión de inmigrantes. Hay una cuestión que sí me parece relevante que tiene que ver con que es imposible asociar migración con delito. Estas asociaciones lo que generan son estereotipos que estigmatizan. Es una asociación errónea, y esto vuelve sobre el mismo problema de siempre: culpar del delito a un grupo específico, generando repercusiones que en este caso podrían derivar en xenofobia".

"Lo que dice el Código en sí, aparece en la figura suspensión del juicio a prueba, artículo 35. Está pensado en aquellos casos o sanciones penales que son menores, con una pena mínima inferior a tres años. En estos casos puede optarse por la suspensión del proceso. El objetivo de la suspensión de juicio a prueba es evitar el proceso y una condena", añadió el letrado del organismo que preside el periodista Horacio Verbitsky, quien suele apoyar las iniciativas del gobierno.

"La segunda cuestión que nos preocupa es que se habla de migrantes en situación irregular. La definición de quién es irregular o no es una definición que tiene que dar la autoridad migratoria. ¿Ahora lo va a decir el juez? ¿O le va a pedir intervención a Migraciones? El derecho migratorio, en el marco del Programa Patria Grande, habla de un convenio de libre de circulación de personas en países del Mercosur. Es decir que los migrantes de países limítrofes tienen derecho a regularizar su situación en el país. Certificar si es irregular o no es entonces una cuestión compleja", planteó Morales.

"Esto entra en contradicción con la ley de migraciones. El derecho migratorio explica que ya no se califica malo o bueno, ilegal o legal. Esto vuelve atrás esos avances en política migratoria", advirtió el abogado del Cels.

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