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El caso de un empleado judicial que ejercía como abogado roza a la API

Piden que la fiscalía profundice la investigación en torno a una funcionaria que habría tenido trato directo con el imputado.

Lunes 26 de Mayo de 2014

La denuncia que terminó con la carrera de un empleado de los Tribunales provinciales de Rosario que litigaba y ejercía como abogado en causa de deudas de expensas, a la par de su trabajo en un juzgado Civil y Comercial, podría salpicar también a un área de la Administración Provincial de Impuestos (API). El Ministerio Público de la Acusación recibió el pedido de profundización de la pesquisa en torno a una funcionaria de esa dependencia por cuyas manos habrían pasado los expedientes en virtud de un trato directo con el ex agente judicial imputado.

A mediados de mayo pasado se le imputó a un empleado del juzgado Civil y Comercial Nº 8 de Rosario haber litigado en más de 30 causas por el cobro de expensas comunes de un edificio de oficinas y locales comerciales de la ciudad a pesar de tener su matricula incompatibilizada por pertenecer al Poder Judicial.

Hernán W. (38 años) está acusado de "violación a los deberes de funcionario público" y de "fraude en perjuicio de la administración pública", ya que utilizaba la estructura de Tribunales para litigar y hacer trabajos de procuración, acciones violatorias del régimen de incompatibilidad.

El hecho fue denunciado por dos abogados que asesoraban a los deudores de los impuestos comunes y que alertaron que sufrían trabas desmedidas en la tramitación de los expedientes que impulsaba Hernán W.

Es que, a pesar de la voluntad de pago de los morosos, las causas llegaban sospechosamente y con velocidad inusual a situación de apremio y los inmuebles en cuestión quedaron al borde del remate.

Ahora, los letrados Hugo Scarzi y José Blois pidieron la ampliación de la denuncia penal y que se profundice la pesquisa en torno la jefatura de la división Legal Tributaria de la API.

Mencionan que el régimen laboral (ley Nº 10.813) habla de incompatibilidades en el sentido de que los empleados de esa dependencia tienen "prohibido prestar cualquier tipo de asesoramiento y servicio en forma gratuita y onerosa en materia de gravámenes, cuya verificación, fiscalización y percepción están a cargo del organismo, patrocinar o representar a contribuyentes, o intervenir, tramitar y gestionar actuaciones administrativas o judiciales con los mencionados gravámenes".

Los abogados se remiten a la propia declaración del empleado judicial, que en oportunidad de realizar su descargo ante la Corte Suprema —que decidió expulsarlo del Poder Judicial— habría dicho que contaba con una "colaboradora" de confianza.

Varios interrogantes. En ese sentido, los denunciantes apuntan a una profesional identificada como L.E.B., jefa del área en cuestión.

Sospechan connivencia con el empleado y advierten que "no pudo actuar en la tramitación de los cuestionados expedientes", según datos que aportaron para la investigación y que el fiscal pondera para determinar si existió inconducta en la función pública.

"L.E.B. no podía o no debía intervenir procesalmente en la sustanciación de ningún tipo de proceso judicial por encontrarse incompatibilizada por ley, salvo por la excepciones establecidas, o que previamente renuncie a su cargo", sostiene Scarzi y Blois.

Los abogados solicitaron que se la llame a declarar bajo sospecha de haber incurrido en "fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público".

Respecto de Hernán W., el fiscal de Delitos Económicos a cargo de la investigación, Eduardo Sorrentino, accedió a más de 30 expedientes civiles en los que se confirmó que litigaba y hacia trabajos de procuración, lo que viola el régimen de incompatibilidad.

Se detectó que había movilizado más de 30 causas en distintos juzgados en los que reclamaba el pago de las deudas, según pudo constatar la Fiscalía de Delitos Económicos del flamante Ministerio Público de la Acusación.

El profesional había ingresado a Tribunales el 24 de mayo de 2011 como agente subrogante hasta el 26 de noviembre de 2013, fecha en la que fue titularizado.

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