La Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó al Estado argentino por el caso del periodista Eduardo Kimel y le exigió que dejara sin efecto la condena en su contra. Kimel fue condenado por criticar la actuación del juez Guillermo Rivarola en la investigación del asesinato de cinco sacerdotes y seminaristas palotinos el 4 de julio de 1976.