"De a poco, no va a quedar ni una", dice la mujer con resignación mientras mira el frente de la casona de 9 de Julio 1878. El inmueble figura en el catálogo de edificios a preservar, pero por estos días sus dueños piden que la propiedad se declare en ruinas para poder demolerla. En la cuadra no es la única casa antigua en peligro. En la esquina de Dorrego una gran construcción está completamente vallada y los albañiles ya trabajan en el interior del edificio. En la ochava opuesta, sobre Italia, en el terreno de otra antigua mansión se están cavando los cimientos de una torre. Y los vecinos extrañan otras dos construcciones: la de 9 de Julio 1920 y la del 1965, donde ya se levanta un complejo de departamentos. "Todas desaparecieron en poco tiempo. Son cosas del progreso", afirman en el barrio y después apuran el paso.
Algo de esto hay. El boom de la construcción sigue acotado a los bulevares y la falta de terrenos y propiedades de grandes superficies atenta contra la preservación de inmuebles de valor histórico o arquitectónico. De los permisos de demolición otorgados por el municipio hasta marzo de este año, el 74 por ciento corresponden al centro y macrocentro. El fenómeno viene en ascenso, comparado con el primer trimestre de 2010 estas autorizaciones aumentaron un 19 por ciento.
Y ni siquiera los inmuebles de valor patrimonial quedan al margen de la embestida. En el Concejo Municipal se discute por estos días el pedido de los propietarios de dos antiguos edificios para que se las declare en ruinas y se las exceptúe del catálogo de construcciones a preservar, trámite obligado para tirarlas abajo y aprovechar el terreno para otro emprendimiento.
La Municipalidad cuenta con 1.715 edificaciones con distintos grados de protección en el área central. En 2001, cuando se elaboró el primer catálogo, los edificios eran 2.402, unos 687 más. Gran parte de estos se liberaron debido a un cambio en el criterio de conservación (ver página 4), mientras que entre 2005 y diciembre de 2010 otros 20 inmuebles que estaban catalogados como de valor patrimonial fueron declarados en ruinas y ya comenzaron a desaparecer. Ahora el Concejo Municipal evalúa otros dos casos, entre los que se cuentan la casona de 9 de Julio 1920.
Al abandono. Varios concejales advierten que las políticas de preservación del municipio no alcanzan. Es más, algunos señalan que, a contrapelo, sobre los edificios protegidos se tejió un buen negocio de especulación inmobiliaria. "Obviamente la prohibición de demoler una construcción baja su precio, entonces algunos inversores compraron esas propiedades a un valor menor, las abandonaron y después las tiraron abajo para construir edificios", deslizó una fuente de la comisión de Planeamiento del Palacio Vasallo.
Para la justicialista María Eugenia Bielsa, el procedimiento no aparece como una novedad. "En algunos casos sospechamos que los propietarios de viviendas catalogadas, privados de acceder a los beneficios del mercado inmobiliario, las dejan abandonadas para pedir la declaración de ruina", indicó. Sin embargo, aclaró que "no se puede cargar las tintas sobre los dueños. Uno de los problemas es que no existe un mecanismo generalizado para tratar este tipo de situaciones, que deben ser analizadas una a una cuando son temas de una dimensión técnica muy importante".
Pero no es la única falencia. Bielsa también recordó que el catálogo de preservación está realizado sobre las características exteriores de los inmuebles y puntualizó que "así como el propietario ni siquiera es avisado que su casa fue patrimoniada, la Municipalidad la cataloga sin conocer las características y el estado del edificio en su interior". Además, agregó que "hay casos donde los informes técnicos indican que con una determinada inversión, el inmueble se puede recuperar. Y acá aparece otro problema: el municipio no cuenta con ningún programa de compensación, ya sea de financiamiento o de incentivo a los desarrolladores".
La concejala socialista y vicepresidenta de la comisión de Planeamiento, Viviana Foresi, tampoco descartó que existan quienes especulan dejando en ruinas el inmueble para poder demolerlo. "El que compra una casa catalogada, compra más barato y después busca la liberación del inmueble para poder hacer un buen negocio”, explicó. Por eso, señaló que “el área central es la que más peligra, porque hay quienes van por este tipo de oportunidades en una zona donde la tierra es escasa, vale mucho y encontrar un terreno baldío es imposible”.
“La catalogación no garantiza siempre la preservación del inmueble, pero al menos pone trabas a la demolición fácil”, destacó y en ese sentido también hizo referencia a que “a partir del 2008, la normativa no sólo preserva la propiedad, sino también el entorno y frena así las posibilidades de especulación. Porque de qué sirve preservar una casa, por más valor que tenga, si a cada lado se levanta una torre de 10 pisos”.
Foresi defendió las acciones del municipio en materia de preservación y afirmó que “existe una política que se lleva adelante desde la gestión de (Hermes) Binner”, y puntualizó que “en los últimos años se establecieron unos 50 convenios con privados donde el Estado municipal aportaba el 50 por ciento del financiamiento para la restauración de las fachadas”.
En debate. Los ediles de la comisión de Planeamiento analizan el pedido de los propietarios de dos casonas para que se las exceptúe del catálogo que establece las construcciones a preservar. Una de ellas es la de 9 de julio 1878, la otra está en Pellegrini 470. Si la comisión da visto bueno al pedido de los dueños y las declara en estado de ruinas, las dos viviendas correrán la misma suerte que las casonas de Rioja 781, 1º de Mayo 1730 y Moreno 101, que entre junio de 2009 y diciembre del año pasado fueron consideradas ruinosas y obtuvieron permiso de demolición. Y si bien las dos primeras todavía permanecen en pie, sobre la esquina de Moreno y Jujuy ya están construyendo un edificio de oficinas inteligente.
Además de estos casos, según registro del Programa de Preservación del Patrimonio del municipio, entre el 2005 y el 2008 otras 17 construcciones catalogadas fueron consideradas en decadencia y cayeron bajo la presión de la picota. La lógica de los desarrolladores es taxativa, “el centro y macrocentro de la ciudad siguen siendo los elegidos por su cotización al momento de hacer y vender un edificio de departamentos”, apuntaron desde varias inmobiliarias.
Frente al avance del negocio, resguardar el patrimonio arquitectónico de la ciudad implica a veces una lucha desigual. “Es cierto que Rosario trabaja con un volumen de recursos limitado para la preservación de edificios, pero con buena normativa y mucha gestión se logran consensos”, explicó Foresi y destacó que esa política evitó que se destruyera mucho más.
