Es importante rescatar el pronunciamiento del juez Sergio Torres, justo hoy, cuando culmina la Semana Internacional por la Libertad de Expresión dispuesta por Naciones Unidas. Lo que hizo el titular del juzgado federal Nº12 de Capital Federal en términos generales, es lo mismo que expresaron recientemente los jueces Osvaldo Carlos en Rafaela o Pablo Virgala en Paraná. A través de sus fallos dieron a entender lo dañosa que puede resultar la presión judicial sobre el periodismo cuando éste aborda la responsabilidad de funcionarios o actores sociales implicados en hechos de interés público.

Lamentablemente atacar al mensajero ha sido una constante en estos años en la Argentina. En Santa Fe hay dos causas judiciales íntimamente relacionadas que apuntan a construir una intolerable mordaza informativa. La primera está vinculada con las irregularidades surgidas en el proceso de traslado del puerto de Santa Fe. En dicha operatoria está previsto el aporte de fondos públicos provinciales, nacionales e internacionales. Denuncias e interrogantes que, una vez publicados en Diario UNO de Santa Fe, asumieron la forma de requisitoria parlamentaria impulsada por todos los bloques de la Legislatura. Luego devino la decisión del ex gobernador Obeid de expropiar a valores históricos —y no faraónicos como pretendieron algunos visionarios inversores— los terrenos en cuestión. Gustavo Víttori, ex presidente de Adepa, de la Bolsa de Comercio de Santa Fe y dueño del diario El Litoral, tras la divulgación pública de la frustrada maniobra decidió presentar una querella en contra de Diario UNO. Un hombre que refrendó conceptuosos pronunciamientos sobre la libertad de prensa desde Adepa ahora persigue a periodistas en los tribunales.

La segunda, tiene que ver con el ex Secretario de Deportes de la provincia de Santa Fe, Diego Degano. El múltiple campeón acuático otorgó importantes subsidios a una fundación de la que era su presidente mientras ejercía el cargo público; no estaba en regla desde el punto de vista administrativo y funcionaba en la casa de sus padres. A menos de 60 días de publicados aquellos datos, Degano dejó de ser funcionario público. El ex nadador, encolerizado, presentó una querella por injurias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir del caso Kimel, obligó al Estado Nacional a reformular la figura de la injuria, ya que se la utiliza con fines intimidatorios, cuando no persecutorios de los hombres de prensa. Expuso la flagrante situación que nos ocupa: los funcionarios o los actores sociales deben responder públicamente por sus actos y no están eximidos de la crítica, o el escrutinio social y periodístico. Pero el propósito manifiesto de construir vallados judiciales que violentan el oficio periodístico, es el peor camino. Por eso es saludable que cada vez haya más jueces comprometidos con la defensa irrestricta de la libertad de expresión. Porque no se trata de apuntalar sólo al periodismo sino a contribuir a la generación de una sociedad inclusiva, pluralista y democrática.