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Ejército: el allanamiento sigue generando polémica

El gobierno subrayó que los resultados del allanamiento que se realizó en la sede del Ejército "fueron totalmente negativos" y el senador radical Gerardo Morales pidió que la Justicia tome...

Viernes 27 de Diciembre de 2013

El gobierno subrayó que los resultados del allanamiento que se realizó en la sede del Ejército "fueron totalmente negativos" y el senador radical Gerardo Morales pidió que la Justicia tome "medidas alternativas" para determinar si esa fuerza realiza tareas de inteligencia.

Por orden del juez federal Julián Ercolini el último lunes se realizó un allanamiento en el Edificio Libertador, luego de que Morales asegurara la semana pasada que el jefe del Ejército, César Milani, realiza tareas de inteligencia sobre él y otros dirigentes políticos y periodistas.

No obstante, el Ministerio de Defensa señaló mediante un comunicado que "las tareas de inspección de las instalaciones" ofrecieron "resultados totalmente negativos" y sostuvo que "son falsas" las versiones periodísticas que señalaban que se habían secuestrado computadoras.

La cartera que encabeza el ministro Agustín Rossi subrayó que la inspección incluyó "análisis de documentación y registros informáticos" y remarcó que "no se ha encontrado prueba alguna de las acusaciones públicas esgrimidas por el senador nacional Gerardo Morales".

En esta línea, el Ministerio de Defensa acusó a Morales de tener una "irresponsable actitud por realizar sistemáticamente denuncias infundadas que, como en este caso, a las pocas horas terminan en la nada". "A mí no me sorprende que en el allanamiento no encuentren nada", señaló Morales a su turno, al tiempo que subrayó que "la gente de inteligencia no guarda en la computadora datos" y afirmó que, por esa razón, "como medida judicial el allanamiento es bastante poco eficaz".

En este sentido, el senador jujeño agregó: "Supongo que el juez estará pensando qué medidas alternativas debe tomar sobre el asunto". Además, Morales insistió en que el Ejército "no puede realizar tareas de inteligencia interna" e insistió en que dirigentes políticos y periodistas son "espiados" por esa fuerza. Por su parte, Rossi volvió a negar las acusaciones de Morales al afirmar que "el gobierno es respetuoso de las leyes" y que "involucrar a las Fuerzas Armadas en actividades de inteligencia interior sería un retroceso".

Además, el ministro volvió a defender el ascenso de Milani a teniente general, aprobado la semana pasada por el Senado, al afirmar que es la cuarta promoción que la Cámara alta aprueba y que "antes no existió la polémica que se generó en estos días".

"Ya era un general con responsabilidades importantes dentro de la estructura del Ejército. En junio se dio el debate y decidimos decirle a Milani que se presente voluntariamente en los juzgados de La Rioja y Tucumán y no hubo ninguna modificación en su situación procesal. No comparto la mirada que pone en dudas nada", agregó.

El último lunes, el juez Ercolini ordenó allanar el Edificio Libertador a partir de una denuncia presentada el mismo día por el abogado Ricardo Monner Sans, presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, quien en un escrito sugirió el allanamiento como medida de prueba tras las declaraciones de Morales.

Human Rights dijo que las acusaciones "son creíbles"

La organización no gubernamental Human Rights Watch afirmó que las "acusaciones creíbles" sobre la presunta participación del teniente general César Milani en la represión ilegal durante la última dictadura crean "serias dudas sobre su capacidad para encabezar" el Ejército argentino.

A través de una declaración, la entidad afirmó que el Senado aprobó el pliego de ascenso de Milani "a pesar de acusaciones de víctimas y organizaciones de derechos humanos acerca de su participación en serios abusos" durante la dictadura militar. Si bien reconoció que Milani no ha sido condenado "por ninguno de estos presuntos crímenes" consideró como "creíbles" las sospechas en su contra.

Destacó que de acuerdo a "documentos judiciales", Milani avaló un reporte de "deserción" de un soldado en Tucumán en 1976, Alberto Ledo, pero luego se comprobó que el conscripto había sido víctima de una desaparición forzosa.

La organización internacional señaló que Milani "admitió que participó en el traslado de detenidos desde una prisión a las autoridades judiciales", pero que rechazó haber estado "en contacto directo con los detenidos".

"La evidencia existente sugiere que los detenidos políticos eran retenidos en prisión que mencionó y es ampliamente conocido que los oficiales en ese momento eran generalmente subordinados de los militares", afirmóorganización no gubernamental.

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