La defensa de la educación pública es un tema recurrente de los funcionarios responsables del área, así como de los representantes de los docentes, no docentes y alumnos. Se supone que dada la relevancia que asigna el Estado a este asunto, designa a sus mejores funcionarios para tan importante misión. En concordancia, también se espera que los docentes, que se acepta son la aristocracia del pensamiento, también elijan a sus mejores intelectos entre los pares para colaborar con tan especial misión que supera largamente cualquier otro interés subalterno. Si todos estos supuestos están cubiertos, es inexplicable el permanente deterioro y retroceso de esta educación. Lo concreto y verificable es que la matrícula en la educación privada y arancelada creció sostenidamente en los últimos años y de la misma forma su prestigio creciente que está más allá de toda dialéctica de barricada. Todo esto es válido para los tres niveles educativos. Actualmente y repitiendo casos anteriores, vemos a estos defensores, los unos y los otros, mantener los claustros cerrados, es decir no hay clases durante más de un mes con la consigna de defender la educación pública. Es decir, defienden la educación cerrando las aulas; mayor contradicción imposible, los mejores cerebros actúan como los peores, no se entiende o los supuestos no se satisfacen.

Gerardo Orallo