La decisión del gobierno nacional de estatizar el sistema jubilatorio y eliminar a las
administradoras privadas de pensiones pondrá fin a un experimento de 14 años que merece ser
evaluado con precaución. En la Argentina se ha comprobado una vez más que las políticas a largo
plazo no existen y que las cosas pueden volver de un plumazo a su punto de partida.
Sin pretender hacer una análisis de la situación en pocas líneas hay verdades que parecen
incontrastables: el Estado tiene malos antecedentes a la hora de manejar los fondos de los
jubilados, a quienes alguna vez ha mantenido por una década sin reajuste de salarios. También es
sabido que la utilización del dinero de los trabajadores para salvar agujeros de cajas fiscales no
es extraño a la historia económica del país.
Por el otro lado, las AFJP han prometido demasiadas bondades de un sistema privado de
capitalización, con altas comisiones, que también ha demostrado tener baches. Uno de los más
importantes se observa por estos días cuando la crisis financiera internacional golpea sobre los
ahorros de los futuros jubilados, con saldos individuales de ahorros que tal vez no se corresponda
con la realidad.
Las instituciones de la Nación deben volver a actuar y demostrar que están a la altura de las
circunstancias. El Congreso nacional debatirá el proyecto, lo analizará y seguramente le
introducirá modificaciones para perfeccionarlo.
El futuro de los jubilados no es un tema menor y los legisladores lo saben: la sociedad los
estará mirando porque de su análisis y estudio, que debe ser desapasionado y alejado de rivalidad
políticas, dependen millones de argentinos.
