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Ecuador aprobó la nueva ley de medios, que impone controles y sanciones

La norma es motivo de polémica, ya que crea organismos de control, incluso con auditorías e imposición de sanciones administrativas y económicas a periodistas y medios  

Sábado 15 de Junio de 2013

El Parlamento de Ecuador aprobó la nueva ley de medios de comunicación impulsada por el presidente Rafael Correa. La norma es motivo de polémica, principalmente porque crea organismos de control de la actividad periodística, incluso con auditorías e imposición de sanciones administrativas y económicas a periodistas y medios, según reseña la agencia noticiosa AP.

La Asamblea Nacional (Legislativo unicameral) aprobó la iniciativa con 108 votos a favor, 100 de ellos del partido de gobierno Alianza País, 26 votos en contra y una abstención, para un total de 135 legisladores presentes. El nuevo texto legal pasa al presidente Rafael Correa para su promulgación. Correa fue el impulsor de la polémica ley.

Carlos Lauría, coordinador del Comité para la Protección de Periodistas, con sede en Nueva York, dijo a AP que la nueva ley "podría limitar severamente la libertad de expresión, su carácter ambiguo permite una amplia discrecionalidad para imponer sanciones y abre las puertas para la censura gubernamental a la prensa". Añadió que "finalmente establece uno de los objetivos claves que tiene Correa bajo su mandato, que es silenciar a los críticos de su gobierno" .

El legislador patrocinante, Mauro Andino, declaró: "Queremos libertad de expresión con las limitaciones que establece la Constitución e instrumentos internacionales y una libertad de información, pero con responsabilidad ulterior; un enfoque de derechos para todos, no para un grupo de privilegiados".

La ley crea organismos como el Consejo de Regulación, el Consejo Consultivo, y la Superintendencia de la Información y Comunicación. La Superintendencia podrá realizar auditorías y aplicar sanciones económicas y administrativas, y establecer la responsabilidad ulterior, civil y penal de los periodistas que difundan textos que lesionen derechos.

También se establece la figura del "linchamiento mediático", destinada a "garantizar el buen nombre de las personas". Los medios han dicho que este punto impedirá investigaciones sobre corrupción.

El director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, Diego Cornejo, dijo que "viene un período muy complicado para la prensa privada y para el periodismo independiente, viene una suerte de totalitarismo informativo, que se va a plasmar en un Estado de propaganda, donde quiere imponerse un solo punto de vista sobre la realidad, y ese punto de vista es de la Presidencia de la república y las interpretaciones personales del presidente de la república".

El proyecto de ley fue presentada inicialmente en 2009, pero se postergó y quedó en suspenso debido a las protestas de los medios y la oposición, pero con la nueva mayoría oficialista de la Asamblea, 100 de un total de 137 legisladores, la ley no tuvo inconvenientes.

El presidente Correa ha mantenido permanentes conflictos con periodistas y medios. Las tensiones han pasado a la arena judicial, en la que el presidente logró dos sentencias a su favor: la primera contra el diario El Universo, donde obtuvo una indemnización de 42 millones de dólares, que de aplicarse implicaría el cierre del diario. La segunda fue cuando enjuició a dos periodistas que publicaron un libro en el que señalaban los negocios que mantenía el hermano mayor del mandatario, Fabricio, con el Estado. Los autores del libro recibieron una sentencia de dos millones de dólares. Correa condonó ambas condenas, aunque advirtió que había "perdón, pero no olvido".

Contra la CIDH.En el plano internacional, en donde Correa ha rechazado las críticas y recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), organismo del que dijo que es una burocracia internacional que no puede estar por sobre los Estados. Junto con Venezuela y Nicaragua, Correa encabezó una fallida ofensiva sobre la CIDH, que terminó fracasando por la resistencia de los demás países miembros de la OEA, organismo del que depende la Comisión.

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