El 20 de agosto del año pasado el Ministerio de Seguridad de la Nación desembarcaba en Rosario con un centenar de gendarmes para allanar 23 desarmaderos de autos en búsqueda de autopartes de procedencia ilícita. En ese operativo, de gran repercusión pública, se secuestraron 20 mil piezas sin rotular, valuadas en 60 millones de pesos. El secretario del área, Sergio Berni, calificaba a la acción como un golpe exitoso contra la comercialización de repuestos ilegales. Un delito que, señalaba, tenía estrecha relación con homicidios ocurridos en la zona. "Esas autopartes están manchadas de sangre", decía.
Diez meses después de ese megaoperativo una jueza penal rosarina acaba de homologar, el jueves pasado, un acuerdo celebrado entre ocho de los dueños de esos 23 desarmaderos con la fiscalía que investigó el caso por infringir la ley nacional 25.671 que regula esa actividad. Los repuesteros aceptaron el pago de multas y la entrega voluntaria de las autopartes, fuera de regla, para ser compactadas y destruidas.
La conciliación se basó en el criterio de oportunidad establecido en el nuevo sistema penal santafesino, que establece que la fiscalía podrá desistir de buscar una pena severa cuando los imputados hayan reparado los daños y perjuicios causados en los hechos delictivos con contenido patrimonial, en ilícitos cometidos sin violencia física o intimidación sobre las personas.
La jueza Raquel Cosgaya convalidó el acuerdo entre el fiscal de Delitos Económicos Sebastián Narvaja y los titulares de los comercios allanados. La conciliación fue suscripta por los imputados Daniel B., Ernesto O. Jorge L., Gustavo G., Liliana C., Walter G., Juan M. y Fernando A. "Los comerciantes pagarán una cantidad proporcional al monto de la multa que variará de acuerdo a los establecimientos", se indicó en los Tribunales.
"Combatir mercados". En su momento el fiscal Narvaja señaló que el delito que prevé la ley contra estas personas es "comercializar autopartes en condiciones irregulares" y no tiene una pena grave. Lo que se prevé es prisión de entre 15 días y tres meses y de inhabilitación de tres años para el negocio.
"Estamos acostumbrados a pensar que las cosas se resuelven metiendo la gente presa y la verdad es que detrás de este tipo de delitos hay economías de mercado muy importantes y la única forma de combatir este tipo de práctica es combatir los mercados y no a las personas", explicó Narvaja. "En la medida que siga habiendo ganancias en este tipo de actividades las personas son fusibles, sale una y entra otra, así que no hay que atacar a las personas, sino a las economías delictivas. Si provocamos que la ganancia sea pérdida vamos a poder cambiar los comportamientos", estableció.
Tras una investigación del fiscal, efectivos de Gendarmería Nacional allanaron el 20 de agosto pasado 23 desarmaderos y negocios de venta de autopartes en las ciudades de San Lorenzo, Piñero, Pérez, Granadero Baigorria y Rosario. Según lo dicho por el fiscal Narvaja en ese momento, en los 23 lugares allanados se encontró algún tipo de irregularidad por infringir la ley nacional 25.671 que regula esa actividad. No hubo detenidos pero se incautaron más de 20 mil autopartes y repuestos por 60 millones de pesos.
Incongruencias. A partir de la ley 25.671 la comercialización de autopartes está en manos de Dirección Nacional de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación. El día de los operativos, el fiscal señaló que a partir del cruce de datos administrativos de esa repartición surgieron incongruencias en las habilitaciones de varios de los desarmaderos en el departamento Rosario y en el cordón industrial. Esas irregularidades fueron notificadas a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos y Económicos y el responsable de la acusación comenzó a investigarlas.
Durante el debate penal, el 11 de septiembre pasado, el juez José Luis Suárez calificó de arbitrario mantener las clausuras y revocó cualquier medida cautelar sobre los desarmaderos Grillo, Galizia y Carobeta, luego de que los dueños de los comercios pidieran el cese del "estado antijurídico", en referencia a la clausura. La medida la hizo extensiva al resto de los comercios allanados.
Esto decidió a Berni a pedir el juicio político del juez Suárez, por entender que le devolvía mercadería ilegal a los dueños que estaban en falta. El juez declaraba por entonces: Yo no puedo ordenar que se destruyan los elementos secuestrados sin que haya sentencia que establezca su procedencia ilegal. Eso no equivale devolverle las cosas a los comercios allanados, cosa que no hice", decía.
Ese día los abogados Jorge García Cupé, Alberto Tortajada y Néstor Roibón, que asistieron a los comerciantes involucrados, sostuvieron que la fiscalía había "incurrido en abuso de autoridad" y "arbitrariedad", ya que sólo podía allanar y cautelar las pruebas pero no clausurar.
Clausura confirmada. En el derrotero del caso, el 23 de diciembre pasado, el camarista penal Adolfo Prunotto anuló la medida del juez Suárez, que ordenaba levantar la clausura de 23 desarmaderos. Se basó en que la medida fue dispuesta por una autoridad competente y no por la fiscalía.
Además dispuso las destrucciones de las piezas incautadas, ya que "en la obtención de vehículos a desarmar se han producido hechos de sangre de público conocimiento". Algo parecido a lo que señalaba Berni. Todo termina con un acuerdo donde se labran multas y se destruye la mercadería secuestrada.
