El acuerdo entre Argentina e Irán para intentar esclarecer el atentado a la Amia entró ayer en un cono de sombra ante la versión de que la república islámica se negaría a que su ministro de Defensa, Ahmad Vahidi, sea indagado en el marco de ese pacto bilateral, que hoy comienza a tratar el Congreso.
"El tema de la indagatoria de un responsable iraní (por Vahidi) es totalmente falso, parece que los que se inquietan por este acuerdo (con Argentina) difunden este tipo de informaciones", declaró ayer el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Ramin Mehmanparast.
Según consignó la agencia AFP, Mehmanparast sostuvo que "los responsables iraníes y argentinos aceptaron cooperar para esclarecer este caso, el acuerdo sigue su curso y ayudará de manera segura a resolver el problema", pero negó que Vahidi vaya a ser indagado.
Más tarde, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Ali-Akbar Salehi, sostuvo durante una visita oficial a Rusia que su país "adhiere plenamente a las disposiciones del acuerdo sobre el caso Amia", pero no habló sobre Vahidi ni sobre los dichos del portavoz de su ministerio.
Según trascendió, Salehi indicó que "el acuerdo sirve como base para la entrada de Irán en el esclarecimiento del caso Amia" y confió en que "la verdad saldrá a la luz".
Las declaraciones de Mehmanparast sobre la supuesta negativa de poner en el banquillo al actual ministro de Defensa iraní hicieron que los dirigentes de la comunidad judía cerraran filas y pidieran al Congreso que rechace el acuerdo, al tiempo que los legisladores de la oposición le apuntaron con dureza al canciller Héctor Timerman (ver aparte).
El 30 de enero, Timerman anunció Ahmad Vahidi sería indagado por un juez argentino en Teherán como parte del acuerdo bilateral para investigar el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) que dejó 85 muertos en 1994.
"Yo me aseguré de que (Vahidi) tenga que estar presente cuando el juez lo interrogue, y va a estar", dijo Timerman tres días después de concluido el acuerdo con su homólogo iraní Alí Salehi para la creación de una comisión de investigación independiente.
Las negociaciones se habían iniciado en octubre de 2012 para definir un "mecanismo judicial" compatible con sus respectivos sistemas legales.
Por el atentado contra la Amia, Buenos Aires reclama desde 2006 la extradición de ocho iraníes, entre ellos el actual ministro de Defensa Ahmad Vahidi, el ex presidente Alí Rafsanjani (1989-1997) y el ex canciller Alí Akbar Velayati, todos ellos con orden de captura internacional avalada por Interpol.
La Justicia argentina también sospecha sobre la responsabilidad de Irán en la explosión de un coche bomba en 1992 delante de la embajada de Israel en Buenos Aires que dejó 29 muertos y 200 heridos.
Irán siempre desmintió toda implicación en esos atentados.
La comunidad judía argentina, la más importante de América latina, rechazó el acuerdo entre Irán y Argentina. Por su parte, Israel declaró su "decepción" y "protestó contra la actitud inaceptable del gobierno argentino hacia Israel".
Al Congreso. Pese a la supuesta negativa de Irán de someter a indagatoria a Vahidi, y a las versiones cruzadas sobre este punto, el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, confirmó ayer que el oficialismo avanzará según lo previsto con el proyecto enviado por la presidenta Cristina Kirchner al Congreso para avalar el memorándum de entendimiento firmado por ambos países para esclarecer el atentado.
"Lo que hagan otros es problema de otros, lo que tiene que hacer el Estado argentino es luchar por el esclarecimiento", señaló Domínguez, quien ratificó que hoy el proyecto "ingresa para su tratamiento por el Senado y va a estar el señor canciller" Héctor Timerman.
En efecto, un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado se reunirá hoy a las 11 para comenzar a discutir el proyecto con la presencia de Timerman y de los titulares de la Amia, Guillermo Borger, y de la Daia, Julio Schlosser.
La intención de los senadores del Frente para la Victoria es poder firmar el dictamen del proyecto para llevarlo la semana próxima al recinto y someterlo a votación, a pesar del unánime rechazo de la oposición.