Hay cosas que honestamente no entiendo sobre el presupuesto participativo que se está votando. ¿Por qué algo tan básico como la construcción de rampas, la instalación de un semáforo, la reparación de veredas, el refuerzo de la iluminación pública y hasta la compra de un camión desobstructor deben someterse a votación? ¿No son estos servicios básicos que un municipio debe garantizar? ¿Qué pasa si no salen votados? ¿Por qué hay que elegir entre un programa para el uso razonable de bolsas de plástico o el apoyo a las bibliotecas populares, excluyentemente? ¿Por qué nos obligan a elegir entre cosas de un orden tan diferente como la instalación de un ecógrafo y una pista de skate? La bicisenda de calle Salta que no funcionó nunca, no fue hecha con plata del presupuesto del año pasado? Y otra cosa más: ¿cuánto se gasta con esta votación año tras año? Cuando llamé al 0800 que se destina a este proyecto, una amable y convincente señorita me confirmó mis ideas sobre lo que significa una iniciativa de este tipo: consiste en ayudar a los gobernantes a ver cuáles son las necesidades puntuales de una comunidad (como por ejemplo: cursos para la tercera edad o la construcción de una plazoleta, proyectos innovadores que varían de un barrio a otro y que sin el aporte de esa comunidad no sería posible detectar). Todo lo que me dijeron por teléfono suena coherente y muy beneficioso para los ciudadanos. Sin embargo, las preguntas que hice, y que siguen sin respuesta, son las siguientes: ¿por qué ítems elementales de infraestructura, salud o educación están incluidos en esa lista? ¿Acaso no hay gente trabajando en la Municipalidad en esas áreas? Y principalmente: ¿es pertinente destinar esos fondos a servicios urbanos?

Carolina Contino