Dos empresarios farmacéuticos acusados de ordenar violentos atentados para asegurar negocios o aventajar a competidores irán a juicio oral este año por los dos delitos más graves que les adjudican: el ataque a tiros contra un abogado penalista que sobrevivió de milagro y la agresión a culatazos contra un médico en su consultorio, episodio que terminó con el crimen de un policía en la puerta de esa clínica. En ambos casos llegarán al banquillo junto a dos sicarios contratados para concretar las intimidaciones. Así lo definió días atrás la fiscal Nora Marull al formular la acusación contra los inversores, procesados un año atrás. Los delitos que les asignó en esas dos causas prevén procesos orales y públicos. En cambio en otros cinco sumarios por amenazas sortearán trámites escritos.
Los acusados son José Antonio Iborra, de 67 años, y su hijo Juan Pablo, de 40, inversores de cuatro farmacias del centro que controlaban a través de profesionales matriculados. Fueron detenidos en agosto de 2014 y están en prisión domiciliaria tras ser procesados en diciembre de 2014 por la jueza Alejandra Rodenas. A un año de esa medida —con avances en las pesquisas y ajustes en las imputaciones— la fiscal Marull formuló en diciembre la requisitoria de elevación a juicio.
Se trata de una medida que define por qué delitos y con qué expectativa de pena llegan los acusados a un juicio. La fiscal acusó a padre e hijo en cinco causas como autores intelectuales, instigadores o ejecutores de delitos de amenazas y daño a personas ligadas al rubro farmacéutico. Estos casos afrontarán el trámite escrito usual en causas del viejo sistema penal (ver aparte). A los dos episodios más resonantes, en cambio, les espera la publicidad del juicio oral.
Tiros en el palier. Los Iborra controlaban como inversores cuatro farmacias del centro, en San Juan 1784, Sarmiento al 800, San Luis 1095 y San Lorenzo 1015. Los hechos más importantes, ejecutados con una misma modalidad, se dieron en menos de un año.
El primero fue el ataque al penalista Alberto Tortajada, baleado el 7 de septiembre de 2012 en el palier de su estudio de Montevideo 2016 frente a Tribunales. El abogado de 71 años litigaba contra los Iborra como abogado de la propietaria de la farmacia de San Juan 1784, quien estaba a punto de perder su casa por desaciertos comerciales. Tortajada le mandó a decir a Iborra padre que lo arruinaría si no salvaba a su cliente de un embargo. A los pocos días un sicario fue a su estudio y le disparó a quemarropa tres balazos.
La investigación determinó que Iborra padre e hijo orquestaron el atentado contra el abogado contratando como sicario a Pablo Andrés Peralta, quien le disparó a Tortajada por la espalda con un arma calibre 22. El profesional salvó la vida milagrosamente. El análisis de llamadas reveló contactos telefónicos entre Iborra hijo y Peralta los días previos. La requisitoria fiscal consideró a Peralta como autor material y a los Iborra como ideólogos de una tentativa de homicidio calificado, figura que prevé juicio oral.
El abogado Sergio Larrubia, quien representa como querellante a Tortajada, manifestó estar "de acuerdo" con el planteo fiscal pero en su acusación le atribuyó además a Peralta el agravante de haber actuado bajo promesa remuneratoria.
Pánico en la clínica. La fiscal también encontró a los Iborra autores intelectuales del ataque al médico Omar Ulloa, golpeado y asaltado por sicarios en su consultorio de 3 de Febrero al 1000 cinco meses después, el 5 de febrero de 2013. Ese día, dos hombres irrumpieron en la clínica donde atendía Ulloa. Era uno de los dueños de la cadena Farmavip y un mes antes su casa de Santiago al 3000 había sido acribillada a balazos.
Los intrusos llegaron con el pretexto de entregar una planta como regalo y, ante el terror de los pacientes, amenazaron al médico de muerte, le asestaron un culatazo que obligó a aplicarle ocho puntos de sutura en la cabeza y le advirtieron que desistiera de instalar una farmacia en Maipú y San Lorenzo. Los Iborra tenían una farmacia a cien metros de allí. "Somos los mismos que te baleamos la casa de calle Santiago", abundaron.
Antes de salir efectuaron tres balazos 9 milímetros. Ya en la calle fueron frenados por el policía Carlos Dolce, quien custodiaba la cuadra de civil. Uno de los dos le descerrajó un tiro en el tórax que lo mató en el acto. Consiguieron fugar en auto y fueron atrapados a los diez minutos: eran Peralta y Hernán Matías Núñez, considerados en la causa como brazo armado de los farmacéuticos. Marull los envió a juicio como autores materiales del ataque a Ulloa, mientras que los Iborra fueron acusados como ideólogos de "amenazas coactivas calificadas, abuso de armas calificado, lesiones leves y robo calificado".
La muerte de Dolce fue calificada por la fiscalía como un homicidio criminis causa, es decir, cometido para lograr impunidad en el delito anterior. Se trata de una figura con prisión perpetua que se ventila en un proceso oral. Peralta y Núñez fueron considerados coautores de ese delito y de la portación ilegal de un arma 9 milímetros que descartaron en la huida. A los Iborra no se les asignó la instigación porque la muerte del policía no estaba en los planes. Pero quedarán abarcados por el mismo juicio oral porque ambos episodios, están conectados temporalmente y en su encuadre jurídico.
Alternativa. Con las acusaciones que fijó Marull antes de la feria judicial de enero, las causas irán ahora a un juzgado de Sentencia para que comience a tramitarse la etapa de juicio. También existe la posibilidad de que los casos se resuelvan en procedimientos abreviados, es decir, con un acuerdo entre partes en el cual los imputados aceptan el delito a cambio de una pena atenuada.
Ante ese escenario y "para el caso de que no resultaren demostrados en el debate los elementos que componen su calificación jurídica principal" la fiscal formuló acusaciones alternativas por la figura más leve de homicidio agravado por el uso de arma (en tentativa por Tortajada, consumado el de Dolce), con pena mínima de 11 años y 8 meses.
Casos con trámite escrito
Además de los dos casos remitidos a juicio oral, los farmacéuticos José Antonio y Juan Pablo Iborra serán sometidos a cinco procesos escritos por amenazas simples, coactivas o calificadas, además de daños y lesiones:
• El ataque del 27 de agosto de 2012 contra la entonces jefa de inspectores de farmacias de Rosario, Patricia Kleinlein, que recibió un balazo de calibre 22 en la puerta de su casa.
• Una agresión a tiros del 9 de enero de 2013 contra Ana María L. en la zona de la comisaría 15ª.
• El ataque con heridas de arma blanca al dueño de la farmacia de Sarmiento al 600, Daniel D. B., del 29 de enero de 2013.
• Las amenazas por correo electrónico al gerente del laboratorio Roemmers, Jorge Héctor C., del 10 de enero de 2014.
• Las intimidación teléfonica contra Norberto Herbas, ex presidente del Colegio de Farmacéuticos, el 29 de abril de 2014.
Rechazan pedido de libertad
La Cámara Penal rechazó la semana pasada un pedido de libertad de Juan Pablo Iborra, quien seguirá en prisión domiciliaria. Lo decidió el juez Daniel Acosta ante un recurso de los defensores Jorge Bedouret y Ramiro Cattáneo, quienes argumentaron que venció el plazo de ocho meses que debe durar la instrucción. El camarista respondió que la extensión de plazos es lógica por la “complejidad y gravedad” de los hechos que van a juicio.
