“Ser, hacer y convencer”, es la divisa de los funcionarios del Ministerio de Justicia para alcanzar el nuevo modelo de juicio penal en la provincia.
  No la tienen liviana. El gobierno estima que precisará 70 millones de pesos anuales aunque partiendo de un tercio de esa cifra para 2010.
  Superti entiende que el aumento de presupuesto debe ser progresivo porque el personal se irá incorporando paulatinamente. Lo que busca asegurar es la designación de doce puestos clave: el fiscal general y los cinco responsables de cada circunscripción judicial y el defensor general y sus cinco subordinados respectivos en cada distrito judicial.
  También es vital el lugar donde funcionarán las audiencias y los fondos para ello. En Rosario la sede penal será el terreno del viejo Heca y en las otras cuatro jurisdicciones no está definido. La provincia es asesorada por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (Ceja).