Rubén Reide (48), taxista de San Lorenzo, denunció que le balearon la casa y que le dejaron un mensaje intimidatorio en la entrada. El episodio se enmarca en una serie de conflictos protagonizados por la víctima, que es titular de la recientemente conformada subcomisión que representa a unos 15 taxistas asociados a la Unión de Comerciantes e Industriales del departamento San Lorenzo (UCI), y que hace tiempo encabeza una campaña contra algunas agencias locales que funcionarían con ciertas irregularidades
Según Reide, alrededor de las 3 de la mañana escuchó disparos que habrían provenido de una motocicleta, por lo que instantes después salió a la calle, constató que había dos orificios y que en el alambrado de ingreso a su vivienda de Curupaytí al 1500 había pegada una nota en la que se lo intimaba a que "no hablés más de las agencias de taxis y remises".
En otra ocasión, "me habían amenazado que si se las cerraban me iban a prender fuego el auto", dijo el polémico dirigente sanlorencino, de una intensa actividad mediática a nivel local.
Reide, que en 2011 se encadenó en la zona céntrica para protestar porque ninguna agencia de la ciudad lo contrataba (ver aparte), es taxista desde hace 18 años y antes de asumir como titular de la cámara dentro de la órbita de UCI denunció junto a un grupo de compañeros irregularidades dentro de la actividad y exigió controles a las autoridades.
Irregularidades. Una de las últimas gestiones de esta cámara que agrupa a choferes de taxis fue un reclamo al Concejo sanlorencino por mayores controles e inspecciones en la ciudad.
En una presentación espontánea de los taxistas ante el cuerpo a fines de diciembre último, argumentaron que hay remises trabajando para las agencias, algo que no estaría permitido. En este contexto, Reide explicó que los remises, a diferencia de taxis, no pagan un seguro por pasajero y ello pone en desventaja a unos y a otros.
El taxista apuntó hacia agencias locales que no cumplirían con las exigencias de normas vigentes. En este sentido, el dirigente ejemplificó que hay locales que operan como tal pero que no cuentan siquiera con baños ni cocheras, entre otros requisitos básicos para funcionar.
Polémico. Lógicamente que debido a su actividad gremial y por su propia personalidad Reide tiene adeptos y detractores. Y por todas estas gestiones y denuncias asegura haber recibido amenazas en más de una oportunidad. Esta vez se dirigió a la policía, que por estas horas investiga el supuesto atentado a su domicilio.
Pero algunos dudan de la veracidad de este último hecho y de otros que habrían sucedido con anterioridad. Incluso sospechan de que la balacera y la nota en el tejido fue "todo armado" por el propio Reide, "como estamos seguros que lo ha hecho en otras oportunidades en que dice que recibe amenazas. Este hombre lo que busca es protagonismo. Acá todos lo conocen y saben cómo es", dijo ayer a La Capital un taxista sanlorencino, que prefirió mantener su anonimato.
"Es porque pienso distinto a los demás"
“Reide tiene un problema laboral y lo vuelve personal”, así definió al dirigente un empleado de la Cooperativa de Taxis Pino Histórico, entidad que fue foco de varias denuncias por irregularidades formuladas por el titular de la subcomisión de Taxis de la UCI.
“Este hombre trabajaba con nosotros. Se fue por su propia cuenta, y después quiso volver. Entonces los integrantes de la cooperativa nos reunimos y estuvimos de acuerdo en no admitirlo, porque es una persona muy problemática”, recordó el encargado de la cooperativa de calle Almirante Brown.
Reide reaccionó encadenándose en principio en la puerta de la Municipalidad y una semana después se ligó a una columna de iluminación en plena avenida San Martín en la llamada esquina de los bancos, en protesta porque no lo contrataban y por discriminación. Al explicar por qué no le daban trabajo, dijo que era porque “pienso distinto a los demás”.
El episodio fue en agosto de 2011. Hoy Reide trabaja en la agencia La Nueva. Ayer Pino Histórico recibió una inspección y casi fue clausurado por algunas irregularidades, pero recibió un plazo para ajustarse a la normativa.
