No es algo inusual que hoy en día nos encontremos con situaciones de corrupción entre los profesionales de la salud. Sin embargo, me parece importante hacer voz de un hecho que involucró a mi mamá hace tres meses, dado que este tipo de conductas se han naturalizado debido a su frecuencia. El pasado abril, por un problema en el hombro derecho, mi madre fue derivada al traumatólogo especialista en miembros superiores, M. J. O., trabajador del Sanatorio Laprida, egresado de la UNR. Este profesional decidió, luego de haber ordenado que tomara sesiones de kinesiología durante dos semanas y estas no hayan dado resultado, que la única solución era someterla a una operación. La ortopedia a cargo de las prótesis necesarias, entregó un presupuesto cercano a los diez mil pesos. Por cuestiones burocráticas, no podían conseguirse, demorando la operación otras dos semanas. Por lo tanto, nuestra decisión fue obtener la prótesis por nuestra cuenta, con un contacto facilitador. Esta persona nos informó que el precio que deberíamos pagar era la mitad del que en un principio nos presupuestó la misma ortopedia. Una vez que conseguimos las prótesis, que eran la única limitación, nos pusimos en contacto con la obra social para que informe al médico sobre la petición de un turno en el quirófano. Luego de varios días sin respuesta, nos comunicamos esta vez con el doctor M.J.O. (día miércoles), cuya respuesta fue que la paciente debería acercarse al consultorio el día lunes para hacerle acordar que pida el turno. Al día siguiente, volvemos a contactarnos con la obra social para que vuelva a exigir la fecha de la operación ya que era de carácter urgente. A las pocas horas, nos informan que M.J.O. había renunciado a la operación. Esa misma tarde fuimos a hablar con él para pedirle una explicación y evidentemente ninguna de sus razones eran válidas: por un lado, se justificó diciendo que no trabajaría más para esa obra social y por otro, que él no tenía tiempo en su ocupada agenda. Primero, hoy en día sigue trabajando allí, y segundo, su falta de tiempo nunca fue aclarada en los 45 días previos. Finalmente, cuando el médico fue consultado acerca del sobrecosto respecto al presupuesto directo de la ortopedia, no dio explicación alguna, guardó absoluto silencio. Más allá de que el problema haya sido solucionado, el nuevo médico a cargo informó sobre el agravamiento del estado del hombro debido al paso de tanto tiempo. Por otro lado, este último cobró un adicional sin emitir factura. Para finalizar, quiero expresar mi completa insatisfacción con este médico, egresado de una facultad pública y gratuita, cuyo comportamiento considero completamente vergonzoso, empeorando la situación de una paciente, renunciando a la operación casualmente luego de haberse enterado que las prótesis las conseguimos por nuestra cuenta (a un precio considerablemente menor).

María Ayelén Calvet / DNI 37.797.465