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Dilma presentó al Congreso el plebiscito para la reforma política

Sugirió cinco temas para ser sometidos a consulta popular. Sólo valdría para los comicios de 2014 si es sancionado en los próximos tres meses.

Miércoles 03 de Julio de 2013

La presidenta Dilma Rousseff presentó ayer ante el Congreso el proyecto de plebiscito sobre la reforma política que incidirá en los comicios de 2014, si las Cámaras lo tratan antes de los próximos tres meses, mientras continúan las protestas que aceleraron esta iniciativa. Al respecto Brasil amaneció ayer con rutas bloqueadas debido a la huelga de camioneros contra los costos de los peajes. Rousseff realizó sugerencias sobre cinco temas a ser sometidos a la aprobación popular en el plebiscito sobre reforma política propuesto en medio de las protestas que sacuden al país desde el pasado 10 de junio, período que coincidió con la realización de la Copa Confederaciones, ante lo cual la mandataria se comprometió a "escuchar la voz de la calle".

Las recomendaciones incluyen el fin de las votaciones secretas del Congreso sobre temas como juicio político a sus integrantes, el cambio del sistema para las elecciones parlamentarias —con la adopción del voto distrital—, el fin de las coaliciones de partidos en elecciones y del financiamiento público de las campañas políticas. "Se trata simplemente de una sugerencia. Es el Congreso que conducirá el proceso desde su inicio hasta su final. El Congreso es soberano absoluto. Decidirá si habrá plebiscito, cuáles serán las cuestiones, cuándo se realizará", dijo el vicepresidente Michel Temer, quien entregó la propuesta conjuntamente con el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo.

La Constitución brasileña reserva al Parlamento la convocatoria de un plebiscito así como la definición de su forma y contenido. Además, dice que toda alteración de una norma electoral debe ser aprobada por las Cámaras un año antes de los comicios, por lo que la reforma política sólo valdría en los comicios de octubre de 2014 si es sancionada por el Parlamento en los próximos tres meses.

En 70 días. En ese marco, el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil dijo que necesitará un plazo de 70 días para organizar el plebiscito sobre el contenido de una reforma política "para garantizar que el electorado reciba la información necesaria sobre el asunto por el que va a ser consultado". Mediante un comunicado, el TSE dijo que "el plazo mínimo necesario" para organizar la consulta es de 70 días, con lo cual podría ser celebrada el "domingo 8 de septiembre". No obstante, aclaró que "atrasos en la definición de la consulta tendrían consecuencias obvias e inevitables en ese calendario", pues la consulta demandará establecer presupuestos para su celebración y una urgente movilización de "recursos humanos".

Rousseff se reunió con Temer y con 37 de los 39 ministros de su gabinete, con quienes analizó la crisis que estalló hace tres semanas y dio forma definitiva a la propuesta de plebiscito presentada ayer al Congreso. La jefa de Estado declaró ayer que su gobierno "escucha la voz de la calle" y que espera un rápido tratamiento legislativo de la propuesta para que la consulta popular se realice este año y entre en vigencia en los comicios de octubre de 2014.

Sin embargo medios de prensa publicaron ayer que hay un grupo de parlamentarios, incluso de la bancada oficialista, que muestran divergencias con el plebiscito. La minoritaria oposición ya declaró que rechaza el plebiscito que llegó a tildar de "populista" mientras que partidos de la mayoritaria base oficialista, por su parte, se debaten entre acelerar el trámite, como desea Rousseff, o demorarlo para que la reforma solo valga en las elecciones de 2018, una alternativa que amplía el interrogante sobre la reacción popular ante la iniciativa.

Paro camionero. Los sindicatos de camioneros que el lunes iniciaron una huelga de 72 horas mantenían bloqueadas ayer un total de 23 carreteras en nueve de los 27 Estados de Brasil. Los camioneros se sumaron a las protestas para presentar sus propias demandas, que van desde una eliminación de los peajes hasta un reducción de los precios del diesel y mayores inversiones en las carreteras y autopistas.

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