La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, cree que el escándalo de sobornos de la compañía estatal Petrobras se deteriorará en los próximos meses con posibles arrestos de algunos aliados políticos y que habrá un daño potencialmente grave para una economía que ya está en problemas, según señalan sus asesores.
Los fiscales alegan que funcionarios corruptos desviaron miles de millones de dólares desde Petróleo Brasileiro, como se llama oficialmente la compañía, a las arcas de varias formaciones políticas, incluido el Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff.
El escándalo recién destapado en Petrobras, la mayor empresa de Brasil, involucraría según los investigadores desvíos de cerca de 4.000 millones de dólares en una década, una cifra que se acerca al presupuesto anual de algunos países. Según admitieron acusados, empresas constructoras formaron un cartel para rotarse contratos con la estatal, pagaban un sobreprecio a cambio de adjudicarse las obras y ese dinero era destinado a políticos e intermediarios.
“Las cosas van a empeorar”. La investigación ya ha provocado la detención de dos ex funcionarios de Petrobras, al igual que ejecutivos de ocho de las 10 principales constructoras brasileñas relacionados con la trama, según los fiscales. Se esperan más arrestos. “Lo único que sabemos es que las cosas van a empeorar”, dijo un importante funcionario próximo a la jefa de Estado. La mandataria encabezó el directorio de Petrobras de 2003 a 2010, pero negó que conociera los sobornos y los partidos de la oposición descartaron buscar un juicio político por ahora.
Funcionaria civil de carrera con poco carisma, que ha evitado lo más posible los acuerdos a escondidas típicos de Brasilia, Rousseff no intentará evitar que la investigación descubra a políticos culpables, incluso aunque sean de su partido, aseguran sus colaboradores.
Congresistas implicados. Los medios locales afirman que podrían estar implicados hasta 70 miembros del Congreso. “Queremos que esta investigación avance por completo”, afirmó en un discurso esta semana. “Brasil saldrá más fuerte de esto”, agregó.
Rousseff está más preocupada en limitar los daños a la economía, que sufrió una ligera recesión a principios de año y se enfrentaba a la posibilidad de una nueva en 2015 incluso antes de que el escándalo en la petrolera estatal saliera a la luz. Sin embargo, el funcionario brasileño dijo que “no hay muchas buenas opciones” y que la pelota parece estar sobre todo en la cancha de los fiscales y las compañías implicadas.
Según la ley local, las empresas halladas culpables de soborno pueden ser castigadas con la prohibición de hacer negocios con el gobierno durante dos años. Sin embargo, las constructoras investigadas son tan grandes, con ingresos combinados de 150.000 millones de reales (58.000 millones de dólares) y proyectos desde represas hidroeléctricas a instalaciones para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, que amplias suspensiones podrían dañar severamente a la economía.
Las firmas son también grandes proveedoras de Petrobras, que tendría problemas para encontrar alternativas para ejecutar sus proyectos. Un simple recorte del 10% en el presupuesto de inversión de Petrobras podría hacer que la economía brasileña crezca medio punto porcentual menos el año próximo, según algunos economistas. El escándalo ha animado a la presidenta a buscar a una figura más amiga de los mercados como ministro de Hacienda, para evitar que la inversión caiga aún más, indicaron sus asesores.
Gobierno estupefacto. Algunos en Brasilia acusan a Rousseff de no haberse mostrado mucho en público desde su reelección el 26 de octubre y aseguran que debería estar identificando y expulsando de forma más activa a los funcionarios implicados, además de tomar medidas más concretas para restaurar la confianza de los inversores, tales como el anuncio de recortes presupuestarios. “El gobierno está estupefacto. Está completamente paralizado y sin timón”, dijo el senador José Agripino, líder del Partido Demócratas.
Un asistente del juez encargado del caso Petrobras dijo esta semana que la investigación podría continuar durante dos años o más.
Un eventual juicio podría durar incluso más en un país en el que los grandes casos suelen alargarse por más de una década. Los asesores de Rousseff esperan una repetición de lo que ocurrió en 2011, cuando una ola de pequeñas acusaciones de corrupción provocaron un aumento de su popularidad después de que cesó a algunos de los implicados. “El combate contra la corrupción nunca ha sido tan fuerte como ahora en mi gobierno”, dijo Rousseff el jueves. “No hay ninguna presión del gobierno para bloquear las investigaciones”.
Por Martín Stoianovich
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