El nuevo equipo económico de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, está preparando ajustes del presupuesto 2015 que serán anunciados esta semana, según el diario Folha do Sao Paulo. El ajuste buscará recortar un déficit fiscal superior a los 40.000 millones de dólares, y estará dirigido por el nuevo ministro de Hacienda, el banquero y ex funcionario Joaquim Levy, cuyo nombramiento no fue aún confirmado por el gobierno pero es considerado un hecho por los medios de prensa. Brasil afronta un largo período de bajo o nulo crecimiento, inflación creciente —que este año será de casi 7 por ciento— y déficil fiscal con baja inversión. Dilma Rousseff iniciará su segundo mandato el 1º de enero. Será el cuarto período presidencial consecutivo del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff y Lula da Silva desde 2003.
Folha de Sao Paulo no entregó una cifra de recortes, pero dijo que el agujero fiscal por sobreestimación de ingresos es "equivalente a cuatro años de Bolsa Familia", el principal plan social del gobierno federal. El pronóstico de ingresos "tendrá que ser revisado a la baja, lo que obligará a recortes de gastos o un objetivo o fiscal más realista, dada la magnitud de la necesaria revisión". Citando a un asesor no identificado de la presidenta, Folha agrega que las medidas serían presentadas junto con los nombres del nuevo ministro de Hacienda de Rousseff y otros miembros del gabinete. Tres de los principales diarios del país informaron el viernes que Rousseff designará en Hacienda a Joaquim Levy, jefe de la división de gestión de activos del segundo mayor banco privado de Brasil, Bradesco, en un intento por recuperar la confianza de los inversores y revivir el crecimiento económico. Previamente, el presidente de Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, fue convocado por Rousseff pero rechazó la invitación para ser su ministro de Hacienda. Ahora será su subalterno Levy quien sustituya a partir de enero al saliente Guido Mantega. Este ministro, muy desgastado por largos años en el cargo, es criticado por anunciar cifras de crecimiento sistemáticamente más altas que las que luego se dan en la realidad. Tampoco pudo con la inflación, que con de casi 7 por ciento en 2014, es considerada uno de los más graves problemas de Brasil. De hecho, fue este escenario económico de casi nulo crecimiento y alta inflación el que puso en riesgo la reelección de Rousseff ante el centrista Aécio Neves en el ballottage del 26 de octubre pasado.Rousseff se impuso finalmente por un exiguo un 3 por ciento de votos.
Otras fuentes dijeron que los nuevos ministros serían anunciados este miércoles. El palacio presidencial ha rehusado realizar comentarios sobre los nombres de los nuevos ministros.
Otro importante diario, O Estado de Sao Paulo, informó ayer que Rousseff enfrenta oposición en su propio Partido de los Trabajadores por la designación del Levy, un economista educado en la Universidad de Chicago y hombre de los mercados. El diario dijo que la confirmación, que se esperaba para la semana pasada, fue postergada, pero no por la oposición de la base del PT, sino para dar al Congreso tiempo para aprobar un proyecto de ley que permite al Estado incumplir su meta de superávit primario en 2014. Esta medida permitiría dar al nuevo equipo económico un "inicio limpio".
El bache fiscal o de presupuesto que enfrenta el gobierno es de 106.000 millones de reales (42.400 millones de dólares), según un informe del Ministerio de Planificación publicado el viernes. La discrepancia entre los montos calculados y efectivamente recibidos por el Estado es lo suficientemente grande para descarrilar la meta fiscal 2015, señala O Estado señala que se deberán ahorrar 86 mil millones de reales.
Un senador del PT se suma al caso Petrobras
El senador del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) Humberto Costa recibió un millón de reales (unos 400.000 dólares) provenientes de la red de desvío de dinero que operó en la empresa estatal Petrobras, asegura el diario O Estado de Sao Paulo en su edición de ayer.
El rotativo cita declaraciones hechas a la Justicia por el ex director de Refinería y Abastecimiento de la petrolera estatal Paulo Roberto Costa, quien está preso por integrar la red de corrupción y acordó con la policía y la Fiscalía suministrar detalles de las maniobras a cambio de obtener beneficios en la pena. Hasta 4.000 millones de dólares fueron sustraídos en forma ilegal de la petrolera para ser destinados a las arcas del PT y partidos aliados.
Según "O Estado", el dinero entregado al senador, que lidera la bancada del partido oficialista en la Cámara alta, fue solicitado por el presidente de la Asociación de Empresas del Estado de Pernambuco (Assimpra), Mário Barbosa Beltrao. El dinero entregado al senador provino, según Costa, del uno por ciento del monto de los contratos firmados por la petrolera con contratistas privadas que eran destinados al Partido Progresista (PP), uno de los varios aliados del PT y que están involucrados en el escándalo.
Según las denuncias, la red ilegal desviaba el tres por ciento de cada contrato que la estatal Petrobras firmaba con un grupo de empresas que participaban en las maniobras ilícitas. El mecanismo elegido era la sobrefacturación a cambio del beneficio de obtener los contratos. De aquél porcentaje, el dos por ciento le correspondía al PT y el uno por ciento restante al PP y al centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) —el principal aliado del gobierno. Los partidos destinaban el dinero a financiar sus campañas.
Consultado sobre la información por el diario Folha de Sao Paulo, el senador catalogó como "totalmente fantasiosa" la acusación y dijo no tener ningún vínculo con algún integrante del PP. Añadió que en 2010 recibió 150.000 reales (unos 58.600 dólares) donados por Beltrao, de quien dijo ser amigo desde la adolescencia. Beltrao, a su vez, tildó las acusaciones de "inconsistentes", y, según "O Estado", negó haber solicitado el dinero para el legislador.
O Estado de Sao Paulo también informó que al menos 11 ejecutivos de empresas privadas involucradas en el escándalo recibirán pedidos de sentencias a prisión, bajo cargos como lavado de dinero, organización delictiva y corrupción. Firmas muy conocidas, como Camargo Correa y Engevix, aparecen en la lista.