David Benavente, jefe de la Agrupación de Orden Público de la Unidad Regional II y número tres en la línea de mando, fue licenciado ayer de la policía por orden del titular de la fuerza rosarina, el comisario mayor Osvaldo Toledo. La medida sería un acto administrativo más si no fuera porque Benavente es uno de los miembros de cúpula al que el oficial Juan José Raffo acusó el pasado 24 de febrero en su denuncia acerca de la recaudación ilegal que alimentaría la caja negra de la repartición. En tanto, después de cavilaciones y una extensa reunión de Toledo con el ministro de Seguridad de la provincia, Daniel Cuenca, fue confirmado en su cargo el subjefe de unidad, Miguel Angel Rodríguez, también mencionado en la denuncia.

  En este contexto, el juez de Instrucción Osvaldo Barbero citó ayer a Raffo para que se presente a ratificar o ampliar su declaración en Tribunales, y dispuso que se les tome declaración informativa en sede policial a los uniformados mencionados en el descargo hecho por Raffo que tomó estado público el primer día del mes en curso.

  Cuando ya pasaron dos semanas desde que el oficial Raffo denunciara con detalles cómo funciona la recaudación ilegal en la Jefatura rosarina, y después de una impasse en la cual ese testimonio fue puesto en duda por las autoridades, el gobierno dio su segunda señal de haber tomado el caso con seriedad. La primera decisión fue crear la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad, anunciada el pasado viernes y aún sin responsable a cargo. La segunda determinación se conoció ayer: el comisario David Benavente fue obligado a tomarse licencia por el jefe de la policía local pero con la venia del ministro.

Según la denuncia. De acuerdo a lo denunciado por Raffo, fue Benavente el que, en los primeros días de febrero, lo citó a su despacho de la Jefatura y le propuso convertirse en recaudador de la caja negra policial. Asimismo, dijo que fue el secretario del jefe ahora licenciado el que le dictó los lugares a los cuales debía ir a cobrar, los nombres de los pagadores y las cifras en juego.

  Raffo también dejó asentado en su denuncia que un día después de esa reunión, cuando volvió al despacho de Benavente para decirle que rechazaría la propuesta, el jefe policial lo insultó y le exigió la devolución de la lista de gente a ser visitada "antes de que te eche de la unidad regional". Y que el titular de Orden Público le manifestó que le "daría un vuelto".

  Al otro día Raffo fue trasladado de la Inspección de la 3ª Zona a la seccional 19ª y pensó que ese era "el vuelto" de su superior. Una semana más tarde recibió en su casa la cédula en la cual le notificaban su pase a disponibilidad, hecho que llevó al oficial a hacer pública la acusación contra sus superiores. Tras eso, Raffo denunció un ataque a balazos contra el frente de su casa y que su esposa fue intimidada cuando un auto la encerró mientras conducía por avenida de Circunvalación, obligándola a hacer una mala maniobra y terminar en la banquina.

  En este sentido, el mismo ministro Cuenca dijo el viernes que el pase a disponibilidad de Raffo nada tenía que ver con este caso y que se debió haber hecho hace mucho tiempo, cuando quedó en firme un procesamiento en su contra por el robo de una puerta.

Citación. En otro orden, Raffo fue convocado por el juez Barbero para que, en calidad de denunciante, profundice sus dichos sobre el funcionamiento de la caja negra. Se trata de una medida inicial requerida por la fiscal María Eugenia Iribarren a la que ahora el magistrado hace lugar, aunque aún no se dispuso la fecha en que el oficial deberá reiterar su relato ante el juez.

  En rigor, la convocatoria judicial a Raffo se decidió luego de que el policía no acudiera al llamado para profundizar su denuncia en la Dirección de Asuntos Internos de la policía. El oficial no se presentó argumentando que esa misma repartición es la que lo investiga a él en cuatro causas iniciadas en enero sobre la base de llamados anónimos. Uno de ellos ya fue archivado por el juez Javier Beltramone, quien no encontró elementos concretos para imputar al oficial.

  "Raffo no siente la confianza necesaria para declarar ante la misma policía", explicaron sus abogados, José Ferrara y Adrián Ruiz. Por ese motivo el oficial en disponibilidad se presentó la semana pasada con un escrito ante la fiscal Iribarren para expresar su voluntad de reiterar su denuncia en sede judicial.

  El juez Barbero dispuso además medidas que deberán instrumentar los policías de Asuntos Internos. Entre otras, dispuso que les tomen declaración informativa a los oficiales mencionados en la denuncia "sin que ello implique una acusación", dijeron fuentes judiciales. l