En diversas cartas he leído que se habla de discapacitados pero denota un desconocimiento de la legislación vigente respecto a la dignidad que nos corresponde a pesar de la minusvalía. Soy un discapacitado que tiene problemas de mayor gravedad que muchos de los que tienen discapacidad física visible, debido a una apoxia por broncofibrosis pulmonar, con problemas cardíacos irreversibles y terminales, y con una edad de 86 años. Por la ley 24.901 se me asigna un 61 por ciento de discapacidad, que es bastante pronunciada. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso "Lifschitz c/Estado nacional 2", en fallo dictado en el año 2004, ha resuelto que "la Justicia debe adaptarse a los discapacitados porque es un derecho humano". El 13 de diciembre de 2006, en la ONU, se celebró una asamblea donde se trató en forma expresa el acuerdo para los discapacitados y se ordenó que todas las autoridades de los países signatarios debían adoptar las medidas pertinentes y ajustes, a pesar de que no esté legislado, para que la minusvalía del discapacitado sea reducida al máximo y para que no existan diferencias con el resto de la población, bajo la consideración de ser calificado como un atentado a la dignidad por los derechos humanos. El 13 de junio de 2008, el gobierno nacional dictó la ley 26.378 que ratifica el acuerdo y le da carácter trasnacional, por el amparo de los artículos 75 inciso 22 y artículo 31 de la Constitución nacional.

Aarón Germán

LE 3.691.220

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