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Derechos humanos: la cura contra los peores males que aquejan al mundo

El juicio y castigo al terrorismo de Estado fue una reparación para las víctimas y un hecho clave para refundar un nuevo modelo de país que llevó adelante el gobierno.

Domingo 26 de Mayo de 2013

La política llevada a cabo por los gobiernos kirchneristas en materia de derechos humanos, específicamente el juicio y castigo a los responsables ideológicos y materiales del terrorismo de Estado, además de ser un hecho de justicia y reparación de los daños ocasionados a las víctimas fue un elemento indispensable para la idea de refundar social, política y económicamente la Argentina tras el crac de principios de siglo.

El modelo económico que estalló en diciembre de 2001 se erigió sobre los miles de muertos de la dictadura cívico-militar que derribó a sangre y fuego lo construido a partir del primer gobierno peronista. Todo aquel que quisiera retornar a un modelo inclusivo socialmente, basado en reindustrialización, creación de empleo, desarrollo del mercado interno e independencia de los organismos financieros internacionales, no podría jamás construirse ni material y ni simbólicamente sobre demasiados cadáveres escondidos bajo la alfombra de la impunidad. Los millones de desocupados, la casi anomia política, la astronómica deuda externa, la marginación social, que hicieron eclosión en 2001, viene del terrorismo de Estado, razón instrumental del proyecto de una clase dominante. Demasiados males de este mundo, y la cura debía empezar por el origen.

Imperativo moral. Así, para Néstor Kirchner los valores de memoria, verdad y justicia debieron ser además de un imperativo moral, una condición necesaria sobre la cual edificar otro proyecto de país que retomara las banderas de la justicia social del peronismo originario aderezado con la evolución que planteaba la generación de los 70, objetivos que el devenir dirá si se alcanzan.

Hacerlo implicaba correr riesgos y confrontar con corporaciones, rasgos dominantes del genoma K, primero contra el hoy extinto "partido militar" y luego con sectores del Poder Judicial reacios a aceptar un nuevo signo de los tiempos.

No se puede soslayar que fue Néstor Kirchner el primer presidente que abrió las puertas de la Casa Rosada a Madres y Abuelas, el primero que abrazó y contuvo a organismos y víctimas que habían peregrinado por décadas en el desierto de la indiferencia. Raúl Alfonsín, es cierto, impulsó el proceso a las Juntas militares, pero las leyes de perdón posteriores terminaron por reducirlo a un juicio de valor histórico pero que dejaba a las víctimas sin la debida reparación y a miles de victimarios libres de culpa y cargo. Carlos Menem después se encargaría de cerrar el círculo de la impunidad.

Entre los detractores de la política de derechos humanos del kirchnerismo es difícil encontrar a víctimas del terrorismo de Estado, aunque unas pocas las hay. Las críticas vertidas, con mucha, poca o nula honestidad intelectual, según el caso, hablan esencialmente de "cooptación de los organismos" por un presunto "oportunismo" político. Una certera refutación de esa tesis la dio la intelectual Beatriz Sarlo, por cierto acérrima opositora al kirchnerismo, quien en un reportaje del portal "lapolíticaonline" de 2008 afirmó: "Cuando en la política se producen efectos reales, las cuestiones son reales. Cuando toman el discurso de los derechos humanos y se anula la ley de obediencia debida y punto final y continúan los juicios a los represores, ya no examino cuáles son las motivaciones oscuras que podría tener un discurso. No soy psicoanalista de los políticos. Y no tengo por qué sospechar de esos motivos", y añade: "Ahí tiene una zona pura de su política, donde no hay transacciones espurias, donde no hay denuncias".

Para los familiares y sobrevivientes la respuesta es más simple y bien se puede resumir en la definición que hace Héctor Chinche Medina, ex preso político, dirigente gremial e integrante de Familiares de Desaparecidos Rosario: "Para nosotros fueron muchos años de frustración y retroceso, de mucho dolor, pero seguimos bregando. 2003 significa que se materializó en ley lo que sostuvimos durante años: sentar en el banquillo a quienes no les dieron ninguna oportunidad de defenderse a nuestros familiares. Eso se debió a 30 años de lucha de los organismos, pero finalmente a la decisión política del gobierno y la Corte renovada".

El genocida Videla, quien mantuvo la coherencia hasta el fin, no dudó en lamentarse ante un periodista español: "Los Kirchner fueron lo peor que nos pudo haber pasado". Este proceso tiene aún mucho por recorrer pero, como definiera el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti: "Los juicios de lesa humanidad no tienen marcha atrás".

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