Denunciaron a los funcionarios que abrieron la notebook de Luis Medina

Los diputados provinciales que integran el bloque del Movimiento Evita denunciaron penalmente ayer a los funcionarios políticos y judiciales que intervinieron en las primeras horas de la investigación del crimen de Luis Medina, el empresario vinculado al narcotráfico asesinado a balazos junto a su pareja el 29 de diciembre en el acceso Sur, a quienes acusan de haber desbloqueado y manipulado sin autorización judicial una computadora secuestrada del hotel donde se hospedaba la víctima.

La presentación lleva la firma de los legisladores Gerardo Rico, Eduardo Toniolli y Mariana Robustelli, quienes patrocinados por el abogado Fernando Rosúa denunciaron a la jueza María Luisa Pérez Vara por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de tareas, ya que no se hizo cargo de la pesquisa ni fue hallada por la policía apenas ocurrido el crimen; y a Javier Echaniz y Martín Degrati, secretario y subsecretario de Tecnologías para la Gestión del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado provincial por manipular la computadora sin autorización judicial. En ese sentido, los diputados solicitaron que se investigue la responsabilidad del titular de ese Ministerio, Rubén Galassi, "en la medida que él mismo asumió estar en pleno conocimiento de lo actuado al producirse la intervención de sus subordinados".

A la denuncia, los legisladores le acompañaron la versión taquigráfica de la reunión que la semana pasada mantuvieron en la Cámara baja con el propio Galassi y su par de Justicia, Juan Lewis, en la cual el primero "reconoció que fue Mariano Ríos Artacho (secretario del juzgado de Pérez Vara) el que convalidó todo lo actuado" por los funcionarios.

Muchos jueces. La investigación del crimen de Medina recayó en el juzgado de Instrucción 5, a cargo de Pérez Vara, quien a pesar de estar en turno jamás respondió a los llamados de la policía. Por ello la subrogaron tres colegas: Gustavo Pérez de Urrechu, que ordenó el allanamiento a la habitación del hotel donde se hospedaban Medina y su pareja y se secuestró una notebook y un celular; Raquel Cosgaya, quien dijo públicamente que "nunca autorizó la intervención de los funcionarios del Poder Ejecutivo" sobre los elementos incautados; y Alejandra Rodenas, que al día siguiente suspendió el peritaje inciado por Gobierno y se lo encargó a la Gendarmería.

Es que una vez que la policía secuestró la computadora personal de Medina, los agentes de Pericias Informáticas de Jefatura tuvieron complicaciones técnicas para desbloquearla y acceder a la información que contenía. Ante eso, según dijo Galassi en la reunión con los diputados, los funcionarios Echaniz y Degratti fueron a Jefatura "ante un llamado del ministro de Seguridad, (Raúl) Lamberto, y a partir de una petición que le hace el (jefe de Unidades Especiales), comisario (Guillermo) Morgans".

Según la denuncia de los diputados, Degratti logró abrir la notebook de Medina a las 23.59 del domingo 29 de diciembre, es decir 21 minutos antes de que la fiscal de Cámara María Eugenia Iribarren llegara al lugar y gestionara una autorización telefónica ante el juzgado de turno, la que fue respondida por el secretario Mariano Ríos Artacho, aunque su nombre no figure en el acta labrada por la policía.

"Nuestros funcionarios no tienen ningún inconveniente en ir a declarar lo que sea necesario a la Justicia o a dónde sea", afirmó Galassi ante los diputados. Y agregó que "el secretario Ríos Artacho convalidó todo lo actuado" a pesar de que nunca hubo una orden escrita para que sus agentes hagan las pericias.

"Para nosotros los responsables operativos de los hechos son la jueza Pérez Vara, que directamente hizo abandono de tareas, y Echaniz y Degrati, que fueron a Jefatura sin que mediara una orden judicial y que antes de que hubiera cualquier tipo de habilitación judicial intervinieron la computadora de Medina, la desbloquearon y realizaron un backup (copia de seguridad)", dijo ayer el diputado Toniolli.

Por su parte, Rico resaltó que "también hubo responsabilidad de parte de los encargados de la custodia de los elementos de prueba", ya que "permitieron que los funcionarios políticos manipulen la computadora al menos veinte minutos antes de que se emitiera la orden judicial".